El bloque de concejales del Partido Progreso Social presentó un proyecto solicitando al Departamento Ejecutivo que informe si intimó a la empresa Rosario Bus a reanudar la prestación en ocasión de la interrupción intempestiva de servicio el pasado jueves 21 de noviembre.
Además, pide que se informe si se cumplió con la normativa vigente y modificó los diagramas de servicio para garantizar lo recorridos y horarios de las líneas afectadas tal cual la potestad que le concede la normativa vigente. También el tipo y monto de sanciones aplicadas de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 7802/04 y el contrato de concesión.
El concejal Héctor Cavallero planteó que, tal como lo fija la Ordenanza mencionada, que fija el marco regulatorio del transporte público masivo, la prestación del servicio es responsabilidad de la empresa concesionaria, en este caso Rosario Bus, por lo que el cumplimiento del recorrido debe ser garantizado por ésta y no por sus trabajadores.
En tanto, la misma normativa establece en su Artículo 60 que la autoridad de aplicación ante la interrupción o prestación irregular del TUP, previa intimación de 24 horas, deberá aplicar distintas sanciones y penalidades de acuerdo a los art. 61 y 62 defendiendo el interés del vecino usuario.
A los fines de garantizar a los vecinos de Rosario su traslado diario en el Transporte Urbano de Pasajeros, tal cual los parámetros que establecen la Ordenanza 7802/04 y el contrato de concesión, la empresa debe recibir una sanción ejemplificadora que garantice la prestación del servicio, y que están expresamente establecidos en las normas mencionadas. Ante eso, y visto lo sucedido una semana atrás y la numerosa cantidad de usuarios que quedó sin la prestación del servicio, el bloque de concejales del PPS consideró que de aplicarse la normativa – inclusive la previa intimación por parte del DEM – la empresa debe recibir una sanción ejemplificadora que garantice la prestación eficiente del servicio como lo plantea la normativa vigente y el contrato de concesión.