La reforma de seguridad impulsada por Maximiliano Pullaro quedó pendiente en la Cámara de Diputados de Santa Fe por la falta de acuerdo dentro de Unidos. Las diferencias entre radicales y socialistas sobre el alcance de las nuevas facultades policiales y fiscales impidieron consensuar un dictamen, por lo que el oficialismo resolvió postergar una semana el tratamiento del proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
La sesión del jueves comenzó cerca de las 16, después de una mañana de negociaciones, y rápidamente pasó a un cuarto intermedio. Sin una redacción que reuniera los respaldos necesarios, el oficialismo solicitó una nueva preferencia para discutir la iniciativa dentro de siete días. La demora se produjo pese a las gestiones de los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes el miércoles se habían reunido con legisladores de Unidos para defender el texto del Ejecutivo.
Enviado en mayo, el proyecto propone modificar distintas normas relacionadas con la investigación penal, las atribuciones de la Policía y los fiscales y el funcionamiento del sistema penitenciario. Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los supuestos que permitirían realizar allanamientos sin autorización judicial previa, especialmente en procedimientos vinculados con armas y con la localización de teléfonos robados.
Las diferencias dentro de la coalición se concentran en los límites de esas atribuciones y los mecanismos de control sobre su aplicación. Mientras el radicalismo sostiene que las modificaciones permitirán mejorar la respuesta frente al delito, sectores del socialismo reclaman mayores precisiones para evitar actuaciones discrecionales y resguardar las garantías constitucionales. También se discuten las condiciones para recibir declaraciones durante las investigaciones y la creación de zonas de intervención policial especial.
Otro eje del debate es el endurecimiento de las condiciones de detención para personas consideradas de alta peligrosidad, incluida la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas. Durante las consultas legislativas participaron la Corte Suprema de Justicia provincial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados de Santa Fe y Rosario, especialistas en derecho penal y organizaciones civiles, con distintas posiciones sobre las herramientas propuestas y sus controles.
Las objeciones también alcanzaron al bloque Somos Vida. El diputado Emiliano Peralta explicó que su espacio no acompañaría el mensaje original, aunque estaba dispuesto a respaldar en general una versión modificada. Entre sus planteos, cuestionó el procedimiento por decreto penal y pidió que medidas como el derribo de inmuebles vinculados con el microtráfico sean resueltas por un tribunal a solicitud del fiscal. También propuso limitar los juicios en rebeldía a delitos especialmente graves o complejos.
Desde el peronismo, Lucila De Ponti vinculó la postergación con la falta de acuerdo oficialista y cuestionó la constitucionalidad de varios artículos. La legisladora advirtió que una eventual aprobación podría derivar en impugnaciones judiciales y sostuvo que el objetivo de fortalecer la persecución del delito no debe traducirse en una vulneración de derechos y garantías.
La falta de consenso sobre el proyecto principal no impidió avanzar con otras iniciativas. Diputados aprobó la ley de intervención de mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos, destinada a combatir la comercialización ilegal de celulares, y una modificación a la normativa del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. El diputado radical José Corral defendió esas medidas como “herramientas necesarias para seguir avanzando en el combate del delito”.
A comienzos de la semana, Corral había asegurado que existía un compromiso político dentro de Unidos para aprobar la reforma el jueves, aunque reconoció las diferencias internas. “Tenemos que darle al gobernador estas herramientas que pide para seguir mejorando la seguridad”, había señalado. Las negociaciones no alcanzaron y el oficialismo deberá aprovechar la nueva postergación para acordar los cambios que permitan llevar el proyecto al recinto.
