El gobernador Maximiliano Pullaro defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad enviado a la Legislatura santafesina y anticipó que impulsará nuevas iniciativas para ampliar las herramientas del Estado contra el delito. Durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios en la capital provincial, rechazó los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las propuestas y sostuvo que la baja de la violencia no implica que las organizaciones criminales hayan sido desarticuladas.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó el mandatario. En esa línea, adelantó: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”. Frente a las objeciones que despertaron algunas de las medidas, aseguró: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Para respaldar su posición, Pullaro comparó las cifras de homicidios y atribuyó la reducción a las políticas de su gestión. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, señaló. Sin embargo, advirtió que “las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe” y afirmó que permanecen “contenidas” por la intervención estatal.
El paquete en discusión propone ampliar las facultades policiales y fiscales e incorporar nuevos mecanismos procesales. Entre otras medidas, contempla allanamientos sin orden judicial ante la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública, cuando existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio. También plantea que la Policía pueda interrogar a sospechosos y que los fiscales entrevisten a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación.
Las iniciativas incluyen, además, juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados; decretos penales para casos con penas leves y pruebas contundentes; zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad; y derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales. A eso se suman ampliaciones de las facultades de inteligencia y del programa de recompensas.
En defensa de las reformas, Pullaro cuestionó a sectores de la abogacía penal que formularon objeciones constitucionales y les atribuyó intereses vinculados con la defensa de personas acusadas de narcotráfico, sicariato y otros delitos. También volvió a utilizar la expresión “garantismo bobo” para criticar determinadas decisiones judiciales. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, sostuvo.
El gobernador vinculó ese planteo con su experiencia como ministro de Seguridad y recordó los hábeas corpus que perdió cuando intentó limitar el ingreso de alimentos a las cárceles. Asimismo, defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en particular la destinada a detenidos de alto perfil, y remarcó que antes de su gestión había presos que impartían órdenes para cometer homicidios, extorsiones y robos desde los penales.
Pullaro también respaldó la renovación de la Corte Suprema provincial y destacó el diálogo institucional que, según expresó, permitió proponer seis nuevos integrantes. Reclamó una Justicia más moderna y un mejor uso de los recursos estatales. En el cierre, reconoció el trabajo del personal policial y penitenciario, pero insistió en que la tarea está lejos de concluir: “No hemos terminado con las organizaciones criminales”.
