La audiencia de medidas cautelares contra el ex ministro de Seguridad santafesino Marcelo Sain por la causa de presunto espionaje ilegal a empresarios, funcionarios, periodistas y policías que pesa en su contra cerró con la resolución de una serie de “medidas alternativas” que permitirán al ex funcionario evitar la prisión preventiva.
El juez Martín Torres rechazó el planteo de las querellas y dispuso que Sain deba cumplir en cambio con una serie reglas como la prohibición de acercamiento a oficinas públicas vinculadas a la investigación, prohibición de acercamiento víctimas y fijar un domicilio. Además, se le prohíbe a Sain la salida del país, la portación de armas y se lo insta a pagar una caución real.
La mayoría de los querellantes –excepto la Provincia– no estuvieron de acuerdo con esas alternativas e insistieron con el pedido para que el ex funcionario provincial quede preso. Por eso, el martes la audiencia había pasado a cuarto intermedio.
La audiencia se reinició en la jornada de este miércoles y concluyó en que Sain –que ya está imputado al igual que ex integrantes de su equipo en el Ministerio de Seguridad provincial–, podrá seguir la investigación en libertad, aunque con las condiciones que le impuso la Justicia santafesina.
Las actividades por las que se imputó al grupo implicaron el dictado de órdenes ilícitas para obtener información y registrarla para fabricar “perfiles” sobre personas que no estaban siendo blanco de investigaciones penales.
A Sain se le imputa además el ordenar y consentir la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza y haber sustraído dinero de la partida de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial (ACP). Finalmente, también se lo imputó por la destrucción de información y documentos existentes en las oficinas del Ministerio de Seguridad y el OI.
