El empleado de la Secretaría de Control municipal que fue detenido el pasado miércoles por una investigación por el robo de celulares en la vía pública fue imputado este viernes y quedó preso. Según la resolución del juez penal de primera instancia Facundo Becerra, pasará 120 días tras las rejas mientras avanza la causa que lleva adelante el fiscal Germán Mazzoni.
Alcides D. J., de 36 años, fue acusado por el delito de encubrimiento, ya que tenía teléfonos robados en su domicilio de Sarmiento al 3400. Pero además el fiscal Mazzoni le atribuyó amenazas coactivas hacia al menos tres víctimas de arrebatos, quienes denunciaron haber recibido intimidaciones por SMS para entregar el patrón o PIN de desbloqueo de sus dispositivos.
- Las amenazas, de acuerdo a datos de la investigación, estaban acompañadas con datos personales de las víctimas, y en algunas ocasiones de familiares o parejas.
El fiscal le atribuyó haber adquirido adquirido, recibido u ocultado conociendo su procedencia ilícita, un celular IPhone 14 pro, el cual fue secuestrado de un domicilio de calle Sarmiento al 3400 de Rosario como producto una investigación.
Asimismo se le atribuye, haber manifestado a una de las víctimas, la cual resultó damnificada de un robo de celular el día 26 de febrero de 2023, que le brindara el código de PIN o que eliminara su cuenta ICloud amenazando que tenia registros fílmicos de sus familiares. En esa línea, también se le imputó haberse contactado con otra víctima, la cual resultó damnificada en un hecho de robo de celular el 22 de febrero de 2023 exigiéndole el código de desbloqueo del teléfono, ya que sino habría consecuencias con sus allegados. Se le atribuyó también haberle manifestado a otra víctima, la cual fue damnificada en un robo de celular de fecha 24 de marzo de 2023 que le brinde el número de código de desbloqueo bajo amenazas de muerte.
D. J., que se desempeñaba en la Dirección de Control de Proximidad, tiene título de técnico en reparación de celulares, informó el portal Rosario3.com. Según la causa que trabajó la Brigada NN de la Agencia de Investigación Criminal, supo tener un local en 1º de Mayo y San Juan vinculado a esa actividad, pero bajó sus persianas en 2018. En la actualidad no tenía registrada ninguna tarea comercial relacionada.
Después de su arresto ocurrido el miércoles pasado, la Municipalidad dispuso una suspensión de 90 días para el imputado mientras avanza la investigación. En ese plazo no percibirá su sueldo, de acuerdo a la resolución que lleva las firmas del intendente Pablo Javkin y la secretaria de Control Carolina Labayru.
Fuentes: Fiscalía, Rosario3.com y Conclusión.
