La concejala de Unión PRO, Julia Bonifacio presentó un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo fijar sanciones económicas a aquellos funcionarios del ejecutivo municipal que no respondan pedidos de informe que realice el Concejo.
La iniciativa establece que aquellos funcionarios o responsables de área que no respondan los pedidos de informe en un plazo determinado por el cuerpo legislativo serán sancionados con una multa equivalente al 20% de sus haberes.
Además, resaltó que el dinero será depositado en el banco municipal, a cuenta y orden del concejo municipal del discapacitado. “Creemos que es una manera de contribuir para el sostenimiento del sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, dijo.
La edila PRO justificó su propuesta argumentando que en la actualidad existen innumerables demoras por parte de los funcionarios del ejecutivo ante cada pedido, lo que obstruye el rápido trámite del Expediente.
“La mayoría de los pedidos de informe no son respondidos por los funcionarios de esta gestión municipal. La información que requerimos los concejales no responde a un mero capricho sino por el contrario tiende a mejorar la tarea legislativa y permite el seguimiento de los temas de la ciudad”, señaló.
“Lo que hace este proyecto es fijar la forma en la que se cobrarán las multas y los montos de las mismas, las cuales serán descontadas del salario del funcionario”, destacó la legisladora, quien dejó ver que las multas que se le pueden aplicar a los funcionarios son acumulativas y en caso de reincidencia podrían superar una suma equivalente al 30% de sus haberes.
Entre los argumentos del proyecto, se destaca también la creación de un Registro de Solicitudes de Informes que será establecida en cada comisión legislativa. “Allí deberá fijarse la fecha de envío y recepción por parte del Organismo, la autoridad a la que se deriva y los plazos acordados para las respuestas”, indicó la edila.
“Los pedidos de informes en innumerables oportunidades responden a la necesidad de recabar información para la elaboración de normas jurídicas o para el despacho de iniciativas legislativas. Por creemos que la falta de cumplimiento en los plazos no sólo dificulta el normal funcionamiento legislativo, sino que también afecta a todos los rosarinos», concluyó Bonifacio.
¿Multas económicas a funcionarios que ignoren pedidos de informes?
