El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial detalló este viernes los alcances de la nueva ley que regula el funcionamiento de las agencias de seguridad privada en Santa Fe. La norma, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, reemplaza un marco normativo de más de tres décadas —vigente desde 1991 y sin rango de ley— y establece reglas actualizadas para un sector que se expandió y se diversificó en los últimos años.
La legislación, compuesta por 70 artículos, fija los criterios para la prestación de servicios de vigilancia, custodia y protección de personas y bienes por parte de empresas privadas dentro del territorio provincial. Entre los puntos centrales, introduce herramientas para ordenar la actividad, profesionalizar al sector y mejorar la coordinación con el sistema público de seguridad.
Uno de los objetivos principales es reducir el impacto de las falsas alarmas automáticas en la operatividad del 911. Según explicó el director provincial de Emergencias, Pablo Polito, solo en Rosario los avisos por alarmas representan más del 30% del tiempo policial en calle. “En lo que va del año recibimos más de 150 mil llamados por alarmas y solo 350 derivaron en incidencias reales”, precisó. En ese sentido, destacó que la nueva ley permitirá “usar racionalmente el recurso policial”, evitando la movilización de patrulleros hacia situaciones sin novedad.
La normativa también establece la creación de un registro obligatorio de empresas y define los requisitos que deberán cumplir tanto sus titulares como sus empleados. Además, contempla regulaciones específicas para los servicios que implican el uso de armas, y para la seguridad electrónica, como sistemas de alarmas, drones y tótems de monitoreo.
Karina Chumpitaz, subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, sostuvo que la ley “regula integralmente el universo de la seguridad privada, desde la seguridad física hasta la electrónica”, y remarcó que uno de los primeros pasos será conformar un registro provincial que permita “ordenar el mercado, garantizar competencia leal y profesionalizar a quienes trabajan en el sector”.
La funcionaria añadió que, con la normativa vigente, podrán sancionarse las empresas que no se encuentren registradas y destacarse a quienes cumplan con los estándares establecidos. “El objetivo final es mejorar la seguridad pública, entendiendo a la seguridad privada como un complemento del plan provincial”, concluyó.
