El juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó este martes la prisión preventiva por 90 días para el financista Fernando Whpei, acusado de liderar maniobras extorsivas junto al juez federal Marcelo Bailaque y el ex titular de la Afip Rosario, Carlos Vaudagna. La medida se dictó tras una extensa audiencia en los Tribunales Federales de Rosario, donde además se resolvió un embargo sobre sus bienes por 1500 millones de pesos.
Whpei fue detenido de forma inmediata al finalizar la lectura de la resolución y trasladado a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según el magistrado, mantenerlo en libertad representaría un riesgo para el avance de la investigación, dada su influencia económica y sus vínculos con funcionarios públicos.
Acusaciones graves y pruebas clave. La Fiscalía Federal imputó a Whpei por su presunta participación en una red de extorsiones y delitos económicos, en un caso que también involucra al juez Bailaque —ya imputado— y a Vaudagna, quien confesó su rol en las maniobras ilegales y alcanzó un acuerdo con los fiscales. Según esa confesión, Whpei no solo participaba, sino que tenía control sobre las operaciones.
Uno de los casos presentados involucra al agente de Bolsa Claudio Iglesias, quien denunció haber sido extorsionado por el grupo para impedirle acceder a la presidencia del Grupo Asegurador San Cristóbal. Según el testimonio, la extorsión incluyó una causa judicial fraguada que luego sería retirada a cambio de 250 mil dólares.
El otro expediente refiere al desvío de fondos desde la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín hacia mutuales controladas por Whpei, mientras esa entidad estaba intervenida por orden del propio Bailaque. Esa operatoria le habría generado una liquidez de mil millones de pesos.
La defensa y su estrategia. Antes de que se formalizara la imputación, la defensa de Whpei intentó recusar a los fiscales, acusándolos de parcialidad y de haber direccionado la investigación. También señalaron que el denunciante, Iglesias, había mentido para protegerse de otra causa por lavado de dinero en su contra.
En su descargo, los abogados intentaron desacreditar los testimonios y señalaron supuestas contradicciones: desde una cena en la que Whpei no habría participado por ser alérgico a la paella, hasta vínculos comerciales posteriores con Iglesias, que, según la defensa, desmentirían una relación de extorsión previa. También argumentaron que Iglesias nunca fue considerado seriamente como presidente de San Cristóbal, según declaraciones de directivos de la empresa. Pese a estos intentos, el juez Da Cruz rechazó la recusación, la calificó como un intento dilatorio, y dio por válida la actuación de los fiscales.
Riesgo de fuga y patrimonio oculto. La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva con ejecución inmediata, argumentando que Whpei podría entorpecer la causa y eventualmente fugarse. Indicaron que el financista tiene bienes a nombre de terceros, operaciones en paraísos fiscales y que entre 2019 y 2024 realizó al menos 69 vuelos en aviones privados. También expresaron preocupación por la posible destrucción de pruebas digitales, ya que Whpei habría adquirido celulares encriptados y podría borrar información relevante para la causa.
El pedido de prisión domiciliaria. En su defensa final, Whpei alegó ser sostén de su hija con discapacidad, cuya madre se encuentra inmunodeprimida, y solicitó que la prisión preventiva sea domiciliaria. Sus abogados sostuvieron que el financista “siempre estuvo a derecho” y que no existían elementos suficientes para dictar la prisión en una unidad penitenciaria común. El juez, luego de escuchar a todas las partes, resolvió la prisión preventiva efectiva por 90 días, con el objetivo de garantizar el curso de la investigación.
