El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, pidió este miércoles la prisión preventiva del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado en tres legajos distintos por presunta corrupción, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por estar en funciones, el magistrado cuenta con inmunidad de arresto, por lo que el fiscal solicitó al Consejo de la Magistratura que acelere la investigación en su contra, con vistas a una eventual suspensión o juicio político.
“Este pedido está sujeto a que el Consejo de la Magistratura actúe en consecuencia”, advirtió Velasco ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. En la audiencia, afirmó que existen elementos de convicción suficientes para sustentar la solicitud y alertó sobre el riesgo de entorpecimiento de las causas por parte del juez, aún en funciones. Como ejemplo, relató un supuesto “apriete” a una empleada judicial citada a declarar.
Además, el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, pidió el embargo de bienes de Bailaque: propiedades, una embarcación y un vehículo.
Tres causas clave
La imputación se apoya en tres investigaciones paralelas. Una de ellas, vinculada a la cooperativa de estibadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín, señala que el juez autorizó el desvío de mil millones de pesos a una mutual dirigida por su amigo Fernando Whpei, cuando por ley esos fondos debían transferirse a una entidad regulada por el Banco Central. Según el fiscal Reynares Solari, Bailaque omitió informar su vínculo con Whpei incluso tras haber sido recusado por los estibadores, y solo lo reconoció cuando fue consultado por camaristas. “Jamás negué que era su amigo”, respondió.
Otro caso apunta al rol del juez en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado. Los fiscales señalan que Bailaque compartía contador con el capo narco: Gabriel Mizzau, quien además llevaba las cuentas de empresas del entorno de Alvarado. A pesar de esa relación, el juez no se excusó y llegó a denegar medidas clave como intervenciones telefónicas a Rosa Capuano, ex pareja del narco. Para los investigadores, su accionar favoreció a las estructuras delictivas. Mizzau y su colega Eduardo Semino, ambos imputados, omitieron reportar operaciones sospechosas de al menos cuatro firmas investigadas.
El tercer legajo se remonta a 2019 y denuncia una supuesta red articulada por Bailaque, su secretario Gustavo Guazzaroni y altos funcionarios de la ex Afip y Aduana (hoy ARCA), para perjudicar al empresario Claudio Iglesias mediante una denuncia anónima. El fiscal Argibay Molina expuso la correlación entre esa causa y los vínculos personales del juez con Carlos Vaudagna, exdirectivo de la Afip, con quien intercambió mensajes el mismo día de los allanamientos. Más tarde, la causa fue archivada sin avances. Vaudagna declaró como arrepentido y confesó haber participado de maniobras extorsivas junto a otros actores del sistema.
El magistrado está sospechado de beneficiar al narco Esteban Alvarado, favorecer con fondos judiciales a una mutual vinculada a su amigo Fernando Whpei, y participar del armado de causas extorsivas contra dos empresarios de alto perfil.
La avanzada judicial se da luego de que, el jueves, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobara la remisión de los tres expedientes que lo comprometen. Las imputaciones, que se formalizarán hoy en los Tribunales Federales de Oroño al 900, lo señalan por presunta corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.
Pese a las múltiples acusaciones, Bailaque continúa dictando sentencias. El Consejo de la Magistratura ahora avanza en la recolección de pruebas y podría convocar al Jurado de Enjuiciamiento, instancia en la que se evalúa si un magistrado debe ser destituido. De confirmarse los hechos, el proceso contra uno de los jueces más cuestionados del fuero federal rosarino será inminente.
