El Gobierno de Santa Fe advirtió sobre el crecimiento de amenazas en establecimientos educativos y pidió reforzar el diálogo en las familias para prevenir este tipo de conductas. En una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a mensajes intimidatorios, pintadas y situaciones que simulaban ataques, lo que encendió las alertas en todo el sistema educativo. “No son una broma: constituyen un delito”, remarcaron las autoridades provinciales.
El tema fue abordado en una conferencia realizada en la Casa de Gobierno, encabezada por la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, junto a los ministros José Goity (Educación) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), además de la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín. Allí se brindaron precisiones sobre las acciones en marcha y las consecuencias legales y económicas que pueden derivarse de estos hechos.
Desde el Ministerio de Educación se convocó a la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar la problemática en las aulas e incorporarla como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia. Además, se pidió reforzar el diálogo en los hogares y acompañar a los jóvenes en el uso de redes sociales, donde muchas de estas amenazas se originan o se viralizan.
El ministro Goity señaló que, tras lo ocurrido en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, se detectaron nuevas situaciones vinculadas a desafíos virales que “alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad”. En ese sentido, destacó el trabajo articulado con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada caso, así como el envío de comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuación.
“Estas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el Código Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino también para sus familias”, advirtió el funcionario, quien planteó la necesidad de consolidar una “alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado”. También remarcó herramientas como el Programa de Educación Digital, las rondas de convivencia y los espacios de escucha para abordar estos episodios.
Por su parte, Cococcioni explicó que el abordaje se da en dos planos: la prevención de la violencia en entornos digitales —en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA)— y la respuesta ante amenazas concretas. En este último punto, precisó que solo el viernes pasado se registraron 65 incidencias en toda la provincia, lo que activó distintos protocolos de intervención.
Cuando existe apariencia de delito, se da intervención al MPA y se realizan medidas como el secuestro de dispositivos. El ministro advirtió que, aun cuando participen menores no punibles, las actuaciones generan antecedentes que pueden impactar en el futuro, como dificultades para obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Además, los adultos responsables pueden ser alcanzados por medidas judiciales.
Desde el gobierno provincial recordaron que este tipo de conductas encuadra en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, con penas de prisión. A esto se suma el impacto operativo: cada intervención implica el despliegue de fuerzas de seguridad y recursos que podrían destinarse a otras tareas.
En ese marco, y por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico en los casos en que se identifique a los responsables. Según detalló Cococcioni, cada operativo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.
