El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes la imputación de un fiscal de la ciudad de Vera, en el norte provincial, a raíz de una denuncia por abuso sexual. Según fuentes oficiales, la presunta víctima era menor de edad al momento de los hechos y los delitos investigados no guardan relación con el desempeño actual del funcionario en el Poder Judicial.
La audiencia se realizó ante la jueza Norma Senn, quien tuvo por formalizada la imputación y aceptó el pedido de prisión preventiva. No obstante, la medida quedó en suspenso debido a que el acusado, Leandro Benegas, invocó la inmunidad de arresto prevista en la normativa nacional de fueros, por lo que continuará en libertad mientras avanza el proceso.
Tres fiscales —Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi— atribuyeron a su colega el delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción. De acuerdo a la acusación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades cuando Benegas se desempeñaba en la Municipalidad de Vera, donde ocupaba un cargo jerárquico y era superior del padre de la adolescente denunciante.
La hipótesis fiscal sostiene que el funcionario habría obligado a la menor a mantener relaciones bajo amenazas de perjudicar laboralmente a su padre. Hasta el momento no se precisaron fechas exactas de los episodios, aunque la investigación reúne evidencia recabada desde mayo del año pasado.
Si bien la orden de prisión preventiva fue concedida, la magistrada dispuso reglas de conducta mientras se resuelve la cuestión de los fueros. El imputado tiene 48 horas para entregar su pasaporte, no puede salir del país y tiene prohibido contactarse con la presunta víctima y los testigos.
La defensa y el planteo de prescripción. Tras la audiencia, Benegas negó los cargos y aseguró que la acusación es falsa. En declaraciones radiales, vinculó la denuncia a una causa penal que él mismo llevó adelante años atrás y en la que resultó condenado el hermano de la denunciante.
El fiscal recordó que en 2008 se desempeñaba como secretario de Servicios Públicos en Vera y sostuvo que el padre de la menor trabajó bajo su órbita sólo durante un breve período. También presentó documentación y testimonios para refutar la acusación y negó haber utilizado un vehículo como el descripto en el relato.
Asimismo, adelantó que apelará la resolución sobre la prisión preventiva y que planteará la prescripción de los delitos, dado que los hechos denunciados serían anteriores a 2015, año de la última reforma vinculada a la Ley Piazza en materia de abuso sexual.
En paralelo, la resolución judicial será remitida a la Legislatura provincial para que evalúe si corresponde avanzar con medidas disciplinarias o una eventual suspensión del funcionario mientras continúa el proceso penal.
