La sesión especial convocada para rechazar el DNU 70/2023 y debatir proyectos sobre discapacidad y endeudamiento quedó sin quorum este jueves en la Cámara de Diputados. El peronismo y otros bloques opositores reunieron 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate, mientras que 136 estuvieron ausentes.
La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto. A esas ausencias se sumaron diputados de bloques provinciales y de Provincias Unidas, entre ellos los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con el gobernador Maximiliano Pullaro.
La convocatoria se desarrolló en paralelo con la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, donde se reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento. Dentro del edificio, la falta de quorum impidió avanzar con el temario y volvió a mostrar diferencias entre sectores que integran una misma bancada.
Los argumentos de Scaglia. Tras la caída de la sesión, Scaglia defendió su decisión de no participar. “No había ninguna consecuencia positiva para la gente”, sostuvo en declaraciones a La Capital. La presidenta del bloque Provincias Unidas argumentó que el rechazo integral del decreto podía revertir medidas que considera favorables. Entre ellas mencionó los cambios en materia de alquileres, comercio, transporte aéreo y comunicaciones satelitales.
“Tumbar el DNU era un problema para todos los argentinos”, afirmó. También calificó la convocatoria como una iniciativa del peronismo para desgastar al gobierno de Javier Milei y marcó distancia de ese espacio: “No me van a encontrar nunca con el kirchnerismo”. Entre quienes tampoco participaron estuvieron legisladores de Argentina Federal y los tres integrantes de Independencia, el bloque que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
La negociación por la ley de tierras. Uno de los puntos centrales de las conversaciones previas fue la derogación de la ley de tierras incluida en el DNU 70/2023. Esa disposición eliminó restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y quedó atravesada por disputas judiciales.
En ese contexto, el oficialismo consiguió esta semana un dictamen de mayoría que propone dejar sin efecto el artículo 154 del decreto y restituir la vigencia de la ley. La modificación se incorporó al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que cuenta con media sanción del Senado y todavía debe ser tratado en el recinto de Diputados.
Núñez aportó su firma para que el dictamen alcanzara las 34 adhesiones necesarias en el plenario de comisiones. Scaglia reivindicó esa intervención y sostuvo que la incorporación del cambio respondió a la insistencia de su sector. La existencia de ese acuerdo fue uno de los argumentos de los legisladores que consideraron innecesario avanzar con el rechazo de todo el DNU.
Discapacidad y deudas, en otra convocatoria. Los proyectos sobre discapacidad y morosidad también quedaron pendientes tras el fracaso de la sesión. El oficialismo impulsa su tratamiento para el 21 de octubre, con propuestas que tienen diferencias respecto de las promovidas por la oposición.
En discapacidad, La Libertad Avanza y sus aliados plantean una norma que reemplace la emergencia. Scaglia sostuvo que debe establecerse por ley el mecanismo de actualización del nomenclador de prestaciones y cuestionó los resultados de la herramienta vigente. En relación con el endeudamiento, la diputada y Núñez comparten la posición oficial de priorizar la información sobre las condiciones de los créditos bancarios y de las billeteras virtuales, sin que el Estado asuma el rescate de las deudas.
Diferencias dentro de Provincias Unidas. La postura de Scaglia y Núñez contrastó con la de los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías, quienes firmaron la convocatoria y se sentaron en sus bancas. Paulón cuestionó en redes sociales a los aliados del Gobierno que no dieron quorum y denunció la actuación de las fuerzas de seguridad contra los participantes de la Marcha Federal Universitaria.
Scaglia reconoció las diferencias internas, aunque sostuvo que existe respeto por las posiciones de cada integrante del bloque. La sesión dejó expuesta la dificultad de unificar criterios entre legisladores que responden a distintos gobernadores y fuerzas políticas.
La decisión de los diputados cercanos a Pullaro se produjo, además, en medio de conversaciones entre la Casa Rosada y las provincias por el presupuesto 2027 y una eventual modificación del sistema de primarias. Esas negociaciones forman parte del vínculo político entre ambas administraciones, aunque no implican por sí mismas un acuerdo electoral.
