Un cabo de la Policía Federal fue detenido tras intentar sobornar al juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, quien debe decidir si el financista Fernando Whpei continúa con prisión preventiva o accede al arresto domiciliario. El hecho ocurrió el viernes por la mañana en los Tribunales Federales de Rosario y generó fuerte conmoción en el ámbito judicial.
Según relató el magistrado, el agente lo interceptó en un pasillo cuando se dirigía apurado a su despacho y le ofreció un sobre. “Doctor, perdón que lo moleste, pero no lo quería dejar afuera”, dijo el cabo mientras extendía el paquete. Ante la sorpresa, el juez preguntó de qué se trataba y el uniformado respondió que, tras quedarse hasta tarde en la audiencia donde Whpei fue detenido, el abogado del empresario “le dejó dinero” y que “esto era de estilo”.
Rodrigues Da Cruz rechazó de inmediato la oferta, le indicó al cabo que lo sucedido era inaceptable y solicitó su inmediata detención. En la carta enviada a la directora de la Oficina Judicial del Distrito Rosario, Valeria Malgioglio, pidió también su apartamiento de funciones. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ordenó el retiro del agente, cuyo nombre permanece en reserva hasta que finalice el sumario.
El intento de soborno se produjo después de que el juez ordenara la prisión preventiva de Whpei, lo que llama la atención dentro del proceso. En las próximas horas, Da Cruz deberá resolver si le otorga o no el arresto domiciliario al financista, quien alegó que debe cuidar a su hija con síndrome de Down y autismo, ya que su esposa es inmunodeprimida.
Whpei está procesado por extorsión, acusado de exigir 200 mil dólares a un empresario en complicidad con el juez federal Marcelo Bailaque, también detenido. Además, se lo investiga por el manejo irregular de fondos millonarios de una cooperativa portuaria, cedidos por orden de ese magistrado, quien admitió tener vínculos de amistad con el financista. La Procelac también pidió un embargo por más de 1.400 millones de pesos.
Mientras tanto, el juez Bailaque —allanado hace seis meses— todavía no entregó la contraseña de su celular, un dato clave para la investigación. Desde el Consejo de la Magistratura, fuentes señalaron que en 30 o 40 días podría definirse su destitución.
