Un nuevo búnker de venta de drogas fue derribado este martes en la zona sur de Rosario, en el marco de una investigación que permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo y vinculada a episodios de violencia armada. Con este procedimiento, ya son 109 los puntos de venta inactivados en la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
El operativo se llevó a cabo en Garibaldi al 200, en barrio Tablada, con la intervención del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La acción fue supervisada por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal Brenda Debiasi, a cargo de la causa.
La investigación, iniciada en septiembre del año pasado, permitió identificar una estructura integrada por al menos 15 personas que operaban de manera organizada en la comercialización de estupefacientes y en el control territorial del barrio. Según detalló la fiscal, a los miembros de la banda se les atribuyen al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron dos armas de fuego, cerca de un kilo de cocaína fraccionada para la venta, más de 6 millones de pesos en efectivo, una máquina contadora de billetes, balanzas y otros elementos clave para la causa.
De acuerdo a la investigación, la organización tenía como principal referente a una mujer conocida como “La Picota”, ya imputada, quien mantenía vínculos familiares con otros integrantes del grupo, varios de ellos también detenidos por hechos violentos.
El punto de venta fue detectado a partir de tareas de inteligencia criminal e intervenciones telefónicas realizadas en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se estableció su conexión con otro búnker cercano que funcionaba bajo la misma lógica y que también fue derribado en el marco de la causa.
Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida para desarticular redes de narcomenudeo y reducir los niveles de violencia asociados a estos espacios. En ese sentido, Pereira remarcó que los operativos buscan “recuperar la tranquilidad en los barrios” a través del trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad, Justicia y gobiernos locales.
Los derribos de búnkeres se vienen llevando adelante desde principios de 2024, tras la sanción de la Ley de Microtráfico, como parte de una política pública orientada a intervenir sobre los puntos de venta y las estructuras criminales que operan en el territorio.
