Un nuevo operativo contra el narcomenudeo tuvo lugar este miércoles en Las Flores Sur, donde se realizó el derribo de una estructura utilizada para la venta de drogas en modalidad de microtráfico. La intervención, llevada adelante en Pasaje 556 entre Rosas Silvestres y 5 de Agosto, marcó la inactivación número 57 en Rosario y la 92 en la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico.
El predio, un terreno fiscal ocupado de forma irregular, funcionaba como punto de comercialización de cocaína desde hacía varios meses. Según la investigación, el lugar no presentaba condiciones de habitabilidad y estaba vinculado a distintos hechos de violencia registrados en los últimos años en la zona, incluidos homicidios y ataques altamente lesivos.
El derribo fue supervisado por el fiscal César Pierantoni, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y por el ministro de Seguridad Pública, Omar Pereira. La acción se enmarca en una investigación proactiva que comenzó hace un año a partir del trabajo de la Policía Federal Argentina y que ya había derivado, la semana pasada, en otra demolición en barrio Tablada.
De acuerdo con los avances del caso, ambas intervenciones forman parte de una misma pesquisa sobre una banda que operaba principalmente en Tablada y Las Flores, comandada por Leandro G., señalado por mantener vínculos con miembros de la barra de Central y por implementar un sistema de venta por delivery.
En octubre, la causa tuvo un punto clave con 19 allanamientos que permitieron el secuestro de armas de fuego, cocaína fraccionada, celulares y municiones de distintos calibres. Hasta el momento, siete personas están imputadas por comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico, algunas de ellas también por extorsión vinculada a deudas de droga.
La Ley de Microtráfico, sancionada en 2023 y aplicada desde los inicios de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, habilita la intervención directa sobre inmuebles utilizados para la venta de drogas y asociados a situaciones de violencia. Las demoliciones se desarrollan mediante un esquema coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Policía provincial, fuerzas federales y los gobiernos locales.
