Un caso estremecedor de explotación laboral salió a la luz en Rosario. Una mujer de 36 años fue rescatada este jueves tras un allanamiento de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal en una vivienda de barrio Martin. Según confirmaron fuentes judiciales, había sido captada en Corrientes a los 14 años y desde entonces vivió en condiciones de servidumbre para una familia que la mantuvo bajo total dependencia durante más de dos décadas.
De acuerdo a la investigación, la víctima realizaba tareas domésticas y de cuidado de adultos mayores sin percibir ninguna remuneración, sin posibilidad de escolarizarse y sin ejercer derechos básicos. “Vivía cama adentro, con una situación de control absoluto”, describieron los investigadores. Nunca pudo denunciar su situación, en gran medida porque desconocía sus derechos y estaba sometida a un esquema de explotación naturalizado por quienes la retuvieron desde la adolescencia.
El caso se activó a partir de un informe elaborado por un organismo de salud, que detectó señales de alto riesgo. Durante la evaluación surgieron indicadores claros: aislamiento prolongado, carencia total de autonomía, ausencia de pago y el hecho de haber permanecido más de veinte años en el mismo domicilio bajo la misma dinámica de sometimiento. La situación fue comunicada a la Justicia Federal, que dispuso los allanamientos con intervención de fiscales especializados en delitos de trata.
Los operativos, autorizados por el juez federal Ramón Lozano, se realizaron en dos inmuebles: uno en calle Montevideo al 100, en pleno barrio Martin, donde se halló a la mujer, y otro en la localidad de Pueblo Esther, donde se incautaron un rifle y un revólver. Allí se detuvo a un hombre de 66 años, integrante de la familia investigada. Según la pesquisa, la estructura estaría conformada por una mujer y sus dos hijos, quienes habrían captado a la joven correntina para explotarla laboralmente en Rosario.
Investigación en curso y marco legal
La causa quedó en manos de la fiscal federal María Virginia Sosa, junto a los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García y Andrés Montefeltro. Todos coincidieron en que se trata de un caso grave de trata de personas con fines de explotación laboral, delito previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta 15 años de prisión.
Por estas horas se toman testimonios, se amplían medidas de prueba y se busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Los fiscales destacaron que la víctima no fue quien denunció, sino que el caso se conoció a partir del trabajo interinstitucional entre un organismo de salud, la Justicia Federal y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.
Asistencia y acompañamiento a la víctima. Tras ser rescatada, la mujer quedó bajo resguardo y recibe asistencia integral por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, en coordinación con programas especializados en víctimas de trata. Se trabaja para garantizar su acceso a la salud, educación y acompañamiento psicológico, con el objetivo de iniciar un proceso de restitución de derechos luego de más de dos décadas de vulneraciones.
Desde la Fiscalía se evitó difundir imágenes o mayores datos de los domicilios para preservar su identidad y evitar la revictimización. “No se trata solo de liberar a una persona, sino de ayudarla a reconstruir su vida después de tantos años”, remarcaron.
Un delito que persiste. El rescate se da en un contexto de preocupación: en los últimos diez días se registraron al menos cuatro casos de trata en la provincia de Santa Fe. Las organizaciones especializadas advierten que, pese a los avances legales, la trata de personas sigue siendo un delito de alta complejidad, muchas veces invisibilizado y sostenido por estructuras familiares o comunitarias que operan al margen de la ley. La línea 145 del Programa Nacional de Rescate permanece activa las 24 horas para recibir denuncias sobre trata laboral o sexual en todo el país.
