Casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación fueron arrasadas en el norte santafesino para abrir paso a un emprendimiento industrial que nunca obtuvo los permisos ambientales obligatorios. La maniobra, detectada gracias al Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, derivó en la clausura inmediata del predio, la paralización de obras y una denuncia judicial que hoy avanza en los tribunales de Tostado.
A partir de esa alerta, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, desplegó un operativo que culminó con la clausura inmediata del predio, la paralización de obras y la denuncia judicial contra la empresa Algoservicio S.A., señalada como responsable del desmonte. La firma reconoció haber intervenido 47,5 hectáreas y comenzar la construcción de una planta algodonera sin contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) exigido por ley.
La causa ya llegó a los tribunales de Tostado. El Juzgado Civil, Comercial y Laboral dictó una medida cautelar que prohíbe cualquier intervención en el bosque del distrito de Logroño, en el departamento 9 de Julio, clasificado como Categoría I – Zona Roja según la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La resolución también ordena retirar toda maquinaria y materiales de construcción del lugar.
El ministro de Ambiente, Enrique Estévez, fue contundente: “No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción y el trabajo, pero siempre dentro del marco de la ley”.
El caso se transformó en un amparo colectivo ambiental promovido por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia provincial. La sanción se fundamenta en dos marcos normativos clave: la Ley Provincial 11.717/99 y la Ley Nacional de Bosques N.º 26.331, que establecen criterios de conservación y límites estrictos a los desmontes en áreas de alto valor ecológico.
“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen”, subrayó Estévez. Y agregó: “El cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que sea motor de desarrollo humano, sin hipotecar el futuro”.
La investigación también puso en primer plano la eficacia del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, que emite reportes quincenales y ofrece acceso público a la información. Esta apertura no solo fortalece los controles estatales, sino que también habilita a la sociedad civil a participar activamente en la defensa del ambiente.
