El gobierno nacional, a través de un comunicado oficial, informó que se realizarán modificaciones significativas en la normativa Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que fue aprobada en 2012. El vocero presidencial Manuel Adorni detalló los cambios, enfocándose principalmente en los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación corporal para personas menores de edad. La medida pretende pretende que los procesos de hormonización, que en la actualidad se habilitan a los 16 años -con autorización de los padres- desde ahora sean a partir de los 18 años.
De esa manera se difundió que el presidente Javier Milei tomó la decisión de prohibir dichos tratamientos y procedimientos quirúrgicos para el cambio de género en menores, destacando que la ideología de género aplicada en niños, “por la fuerza o la coerción psicológica, constituye un abuso infantil”. Se difunde días después de la masiva movilización con una marcha anti fascista en distintos puntos del país en repudio a las recientes declaraciones del mandatario en el foro de Davos.
En un comunicado de la Oficina del Presidente, el gobierno argumentó que los niños “no poseen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procedimientos irreversibles que podrían derivar en efectos adversos, como la infertilidad, problemas cardiovasculares y serias consecuencias para la salud mental”.
El gobierno de Milei fundamentó esta medida señalando que países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han comenzado a dar marcha atrás con estos procedimientos, restringiendo los tratamientos a menores. Además, se expuso que, en línea con esta postura, el presidente decretó que el alojamiento de los detenidos en las cárceles se determinará según el sexo registrado al momento del delito cometido, con el fin de evitar que las personas puedan usar el cambio de género como excusa para solicitar traslados.
En cuanto a las personas que hayan solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito, se especificó que no podrán ser alojadas en cárceles de mujeres si han sido condenadas por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres, salvo que lo determine la evaluación penitenciaria.
