En el marco del primer aniversario de la puesta en marcha de la ley provincial 14.239, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) realizó un balance de los logros obtenidos durante este período, en el cual se destacó la intensificación de las investigaciones por venta minorista de estupefacientes, la desarticulación de puntos de comercialización ilegal de drogas y la participación activa de los fiscales en más de 900 audiencias.
Desde la entrada en vigencia de la ley, el 29 de diciembre de 2023, el MPA se encargó de la investigación penal de casos de microtráfico en toda la provincia, logrando resultados contundentes. En total, 5.700 personas fueron investigadas por la comercialización de estupefacientes, 833 fueron imputadas, y 100 de ellas condenadas. Según los datos difundidos, el MPA solicitó el derribo o inactivación de 45 búnkeres, lugares donde se vendían drogas, contribuyendo así a la pacificación de barrios con altos índices de violencia.
La fiscal general María Cecilia Vranicich resaltó la importancia de esta nueva ley en la estrategia del MPA para combatir el microtráfico, afirmando que “el abordaje del microtráfico es uno de nuestros objetivos priorizados por su relación con los casos de violencia extrema, y porque genera situaciones de inseguridad, temor y vulnerabilidad en los barrios, impactando directamente en la tranquilidad pública, la paz social y la vida cotidiana de la ciudadanía”. Además, subrayó que las investigaciones realizadas tuvieron un impacto directo en la reducción de los índices de violencia, especialmente en ciudades como Rosario y Santa Fe, donde se observó una disminución significativa de los hechos violentos relacionados con el narcotráfico.
Vranicich también destacó que la implementación de la ley 14.239 permitió al MPA investigar el fenómeno del microtráfico de manera integral, lo que permitió obtener resultados más efectivos. “La nueva ley nos permitió investigar los hechos y el fenómeno criminal de manera integral, lo cual impactó claramente en la baja de los índices de violencia, especialmente en los grandes centros urbanos”, explicó.
El Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, conformado por la fiscal coordinadora en Objetivos Priorizados Carla Cerliani, los fiscales Diego Vigo y Franco Carbone, el subdirector de Investigación Criminal del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznik, y la secretaria de Gestión Marina Pieretti, trabajó de manera conjunta y coordinada con las cinco Fiscalías Regionales y los fiscales de toda la provincia. “El trabajo se desarrolla de modo coordinado y conjunto, lo que nos permite optimizar recursos y mejorar la efectividad de las investigaciones”, destacó Vranicich.
Uno de los hitos más importantes de este año fue la desarticulación de los búnkeres, que según la fiscal general, no solo tuvo un valor simbólico, sino que permitió la recuperación del control de barrios enteros. “El derribo o inactivación de estos establecimientos, además del enorme valor simbólico que representa, permitió pacificar y recuperar el control de barrios que estaban cooptados por la violencia extrema”, señaló Vranicich.
En cuanto a la estrategia adoptada por el MPA, la fiscal general resaltó que, aunque la persecución penal del microtráfico se lleva a cabo de manera autónoma, también es necesario trabajar de forma articulada con otras instituciones del Estado. “El MPA entiende que la persecución penal del microtráfico debe ser realizada de manera articulada y coordinada con todas las instituciones del Estado, en particular con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, gobiernos locales, gobierno provincial y gobierno nacional”, afirmó.
Vranicich también destacó la importancia de la coordinación con fiscales federales para evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar los resultados de las investigaciones. “La delimitación y distribución de competencias, la formación de equipos conjuntos de investigación y el diseño de estrategias de coordinación nos permitirán evitar atomizaciones, eventuales entorpecimientos en las investigaciones y mejorar resultados”, explicó.
Por último, la fiscal general recordó que uno de los pilares del trabajo realizado en el marco de la ley 14.239 es evitar la criminalización de personas en situación de vulnerabilidad. “Nuestro objetivo no es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños y niñas o personas que atraviesan circunstancias adversas relacionadas con el consumo problemático de sustancias”, concluyó Vranicich.
