La aprobación de un registro municipal de presuntos damnificados por los planes de ahorro de Bauen Pilay marcó el primer reconocimiento institucional de un conflicto que desde hace casi una década suma reclamos de suscriptores de los planes de ahorro de Bauen Pilay. Por unanimidad, el Concejo Municipal aprobó una resolución que habilita la creación de un padrón voluntario para relevar a quienes denuncian incumplimientos contractuales y, al mismo tiempo, requerirá a la empresa información detallada sobre el estado de los planes comercializados en la ciudad.
La medida surgió luego de un prolongado trabajo impulsado por el Colectivo Autoconvocados contra Incumplimientos de Bauen Pilay, cuyos integrantes volvieron a exponer su situación ante las comisiones de Planeamiento y de Gobierno. Durante los encuentros reclamaron que el Estado dejara de considerar el conflicto como una controversia entre particulares y asumiera un rol activo frente a denuncias que incluyen demoras en las adjudicaciones, modificaciones de las condiciones originalmente ofrecidas y propuestas de viviendas en ubicaciones diferentes a las previstas al momento de la contratación.
El registro comenzará a funcionar el próximo 10 de agosto en el ámbito de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios. Tendrá carácter voluntario, estadístico y de seguimiento, y estará destinado a reunir a quienes integren los planes de esfuerzo individual y ayuda común promovidos por la unión transitoria conformada por Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL y consideren haber sufrido presuntos incumplimientos.
Para incorporarse, los interesados deberán acreditar su condición de suscriptores mediante la documentación correspondiente. Además, deberán informar el año de adhesión al plan, el grupo al que pertenecen, el tipo de incumplimiento que denuncian, si iniciaron acciones judiciales, si el plan estaba destinado a vivienda única y cuál es su situación contractual actual. La información será utilizada para dimensionar el alcance del conflicto y orientar futuras intervenciones de los organismos públicos.
En paralelo, la resolución encomienda a la Oficina Municipal requerir a la empresa una serie de datos actualizados sobre el funcionamiento del sistema de ahorro previo. Entre la información solicitada figuran la cantidad de grupos activos, el número de suscriptores, el estado de cada uno de los planes —en espera, adjudicados, en ejecución de obra, con posesión otorgada, renunciados o en mora—, además de cuántos titulares participan en más de un plan y cuántos corresponden a jubilados o familias con hijos menores de edad.
Desde el colectivo de ahorristas celebraron la decisión del Concejo como un cambio de escenario para el reclamo. “Hoy dimos un paso significativo en nuestra lucha: lograr que la dirigencia de la ciudad reconozca que nuestro conflicto es de carácter público. A partir de ahora, nadie podrá decir que es un problema entre privados. El Registro de Damnificados por Bauen Pilay empezará a funcionar el 10 de agosto. Gracias a este instrumento estaremos más cerca de saber cuántos somos”, expresaron a través de las redes sociales de la organización.
Los representantes del grupo sostienen que miles de familias contrataron “de buena fe” los planes de ahorro y cumplieron durante años con el pago de las cuotas, pero aseguran que con el tiempo dejaron de recibir las condiciones originalmente prometidas. “Nosotros cumplimos, Bauen no”, resumieron durante su exposición en el Concejo, donde afirmaron que la mayoría de los afectados son trabajadores, profesionales y jubilados que destinaron durante décadas una parte importante de sus ingresos con la expectativa de acceder a la vivienda propia.
En los últimos días, además, el colectivo profundizó sus cuestionamientos públicos hacia la firma al sostener que la marca Bauen fue el principal respaldo comercial utilizado para captar a los suscriptores, mientras que la administración de los fondos quedó en manos de Pilay SA. Según expresaron, esa estructura societaria no fue claramente explicada al momento de la contratación y consideran que la constructora no puede desvincularse de las denuncias formuladas por los ahorristas.
Si bien la resolución aprobada por el Concejo no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de las empresas involucradas, constituye el primer paso institucional para elaborar un diagnóstico oficial sobre un conflicto que los propios reclamantes estiman alcanza a más de 15.000 familias. La información reunida mediante el registro y los datos que aporte la unión transitoria permitirán al municipio conocer la dimensión del problema y evaluar futuras acciones vinculadas con la defensa de los derechos de los consumidores.
