Un informe reciente desató un fuerte cruce entre el gobernador Maximiliano Pullaro y sectores críticos sobre la interpretación y aplicación de la ley orgánica policial, en especial en torno a la figura de detenciones por la ausencia de DNI. La polémica se originó tras la publicación de una nota en el Diario La Capital, firmada por el periodista Matías Petisce, donde se advertía sobre posibles detenciones arbitrarias basadas en la reforma reciente que habilitaría a la Policía a demorar personas bajo la figura de “resistencia a la identificación”.
El artículo recogía la opinión del constitucionalista y ex funcionario provincial Oscar Blando, quien calificó de “gravísima” la posibilidad de que se detenga a alguien simplemente por no portar su documento, salvo que exista una sospecha fundada de vinculación con un delito. Blando remarcó que detener a una persona sin esos fundamentos es una violación a los derechos constitucionales y alertó sobre un riesgo de abuso policial.
En respuesta, Pullaro usó su cuenta en la red social X para rechazar la interpretación jurídica y situarla en un marco político: “Aquí nos plantean volver a la ideología que le permitió al delito adueñarse de Rosario. No van a poder, es una decisión del conjunto de los santafesinos”. Aunque sin mencionar nombres, el gobernador cuestionó la postura garantista por considerarla un freno al combate contra el narcotráfico y la violencia, que según él, se vivieron en sus peores épocas en la ciudad.
Desde el gobierno provincial aclararon que la nueva normativa busca reforzar la presencia policial sin vulnerar derechos y que las demoras solo se aplicarían ante sospechas concretas. También señalaron que quienes sean demorados tienen derecho a comunicarse, no pueden ser incomunicados ni alojados junto con detenidos por delitos o contravenciones.
Esta controversia evidencia la tensión entre dos enfoques: por un lado, el jurídico-garantista que prioriza la protección de derechos individuales frente al accionar policial; por otro, la política de seguridad que busca acciones firmes para reducir la criminalidad en un contexto de alta violencia urbana.
En redes sociales, la discusión tomó cuerpo con voces ciudadanas que llaman a un equilibrio. “Me parece señor gobernador que es una discusión que hay que dar. Nadie quiere volver a la Rosario de un muerto por día, pero tampoco instalar un estado de excepción sin declararlo formalmente”, escribió una usuaria. Otra opinión de una abogada apuntó: “Estoy de acuerdo en combatir el delito, pero no se pueden vulnerar derechos constitucionales. El derecho penal debe aplicarse con pruebas, no presunciones”.
Así, el debate sobre los límites y alcances del poder policial vuelve a situarse en el centro de la agenda pública santafesina, reflejando un conflicto complejo entre seguridad y garantías democráticas.
Aquí nos plantean volver a la ideología que le permitió al delito adueñarse de Rosario. No van a poder, es una decisión del conjunto de los santafesinos. https://t.co/Bi9IijopPc
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 3, 2025
