La serie de asesinatos que conmocionó a Rosario en marzo de 2024, con cuatro trabajadores víctimas en distintos ataques, avanzará hacia el juicio oral y público con once imputados para quienes la Fiscalía solicitará prisión perpetua. Según la acusación, los crímenes fueron parte de un plan coordinado desde las cárceles de Piñero y Coronda como represalia al endurecimiento de las condiciones de detención de presos de alto perfil.
El proceso judicial abordará los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de 2024. La audiencia preliminar comenzó el 30 de marzo en el Centro de Justicia Penal y se desarrolla en distintas jornadas. Los fiscales Franco Carbone, Patricio Saldutti, Adrián Spelta y Romina Cocomazzi ya anticiparon que pedirán la pena máxima para los principales acusados.
Entre los señalados como instigadores figuran Alejandro Isaías “Chuky Monedita” Núñez, detenido en Piñero, y Maximiliano “Menor” González, alojado en Coronda al momento de los hechos. Para la Fiscalía, ambos coordinaron los ataques desde prisión, con la participación clave de Brenda “Cote” Pared, entonces pareja de Núñez, quien habría transmitido órdenes tras visitarlo en la cárcel. El resto de los imputados está acusado de integrar las células que planificaron y ejecutaron los ataques en la ciudad.
Ola de violencia y pánico. La secuencia criminal se inició la noche del 5 de marzo con el asesinato del taxista Héctor Figueroa, baleado tras finalizar un viaje en la zona sur. Un día después, Diego Celentano fue ejecutado en circunstancias similares. La investigación detectó que ambos crímenes se cometieron con la misma arma y municiones de la Policía de Santa Fe, lo que permitió vincularlos rápidamente.
El 7 de marzo, la violencia escaló con el ataque a tiros contra la comisaría 15ª, en medio de una ciudad ya tensionada. Ese mismo día, el colectivero Marcos Daloia fue baleado mientras conducía una unidad de la línea K. Dos días más tarde, apareció una bandera en Circunvalación con amenazas explícitas que anticipaba nuevos ataques.
Horas después de ese mensaje, el 9 de marzo por la noche, Bruno Bussanich fue asesinado mientras trabajaba en una estación de servicio de la zona oeste. El crimen, registrado por cámaras de seguridad, mostró la participación de un adolescente como autor material. Con la confirmación de la muerte de Daloia, la ciudad quedó paralizada: hubo paro de transporte, cierre de estaciones de servicio y una fuerte retracción de la actividad comercial en un clima de temor generalizado.
Para los investigadores, la saga fue ejecutada por dos estructuras criminales con mandos en prisión. Una de ellas, vinculada a Núñez, habría operado mediante intermediarios que reclutaron menores de edad para concretar los ataques a taxistas y el atentado a la comisaría. La otra, bajo la órbita de González, es señalada como responsable de los crímenes de Daloia y Bussanich, además de un intento de homicidio contra un chofer de la línea 122.
En total, además de los once adultos que serán juzgados, hay tres menores sometidos a procesos en la Justicia juvenil y un menor no punible bajo intervención de organismos de niñez. La Fiscalía sostiene que el uso de adolescentes como ejecutores fue parte central del esquema delictivo.
Con la elevación a juicio en marcha, el expediente buscará determinar responsabilidades en una de las secuencias de violencia más impactantes de los últimos años en Rosario, que puso en evidencia la capacidad de organización de bandas criminales incluso desde el interior de las cárceles.
