Con respaldo del gobierno provincial, Santa Fe avanza en la Legislatura para adherir a la Ley de Crimen Organizado N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, una herramienta que apunta a endurecer la persecución de organizaciones criminales y reforzar el esquema de seguridad en el territorio. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Ximena Sola, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser tratada en las próximas horas en el Senado.
Desde el Ejecutivo que encabeza Maximiliano Pullaro destacaron la adhesión como un paso clave dentro de una estrategia más amplia para enfrentar el delito organizado. El gobernador ya había tenido un rol activo durante el debate de la norma a nivel nacional, donde planteó la necesidad de avanzar en reformas profundas en materia criminal y sostuvo que era necesario “no tener miedo” a impulsar cambios estructurales.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que la iniciativa “representa una señal clara en una política sostenida contra el crimen organizado” y sostuvo que su implementación será “una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. El funcionario también apuntó contra enfoques anteriores al afirmar que “el garantismo le hizo mucho daño al país”.
La adhesión permitirá a la provincia incorporar herramientas más robustas para investigar organizaciones complejas, con un esquema de mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad. Entre los principales cambios, se contempla el agravamiento de penas cuando los delitos sean cometidos en el marco de estructuras criminales, ampliando la responsabilidad no solo a quienes ejecutan los hechos, sino también a quienes los financian, organizan o dirigen.
Además, la normativa promueve el uso de técnicas especiales de investigación, fortalece la cooperación entre jurisdicciones y habilita una intervención más directa sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones delictivas, uno de los ejes centrales en la estrategia para desarticularlas.
Desde la Provincia señalan que se trata de un cambio de enfoque en la política criminal: pasar de un esquema que resultaba insuficiente frente al avance del delito organizado a otro con mayor capacidad de respuesta, articulación y eficacia. En ese marco, la adhesión se plantea respetando las competencias provinciales, garantizando el rol del Ministerio Público de la Acusación y de la Justicia santafesina, pero reforzando al mismo tiempo la coordinación con organismos nacionales.
