La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al nuevo Código Electoral y de Partidos Políticos, una reforma que reúne en un único cuerpo normativo las reglas que regirán los futuros comicios provinciales, municipales y comunales. El proyecto fue aprobado este jueves por 43 votos a favor y cuatro en contra, sin abstenciones. Juan José Piedrabuena y María Fernanda Castellani estuvieron ausentes. La iniciativa pasó al Senado, donde cuenta con preferencia para ser tratada la próxima semana.
La votación llegó después de una extensa jornada de negociaciones y reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Funcionarios del Poder Ejecutivo siguieron de cerca la elaboración de la redacción definitiva.
El texto se construyó sobre la base de siete proyectos presentados en la Legislatura y tomó como eje la propuesta elaborada por el bloque socialista. La iniciativa contiene cerca de 260 artículos distribuidos en cinco libros y ordena unas 15 normas que actualmente regulan el sistema electoral y los partidos políticos. Además de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y la Boleta Única, el Código ratifica la paridad de género, incorpora el voto joven, regula los debates obligatorios entre candidatos y crea una nueva estructura judicial especializada en materia electoral.
Las PASO siguen, pero cambia el piso. Las elecciones primarias seguirán siendo abiertas, simultáneas y obligatorias. Sin embargo, se reducirá del 1,5% al 1% del padrón correspondiente a cada categoría el piso que una agrupación deberá alcanzar para participar en las elecciones generales. El proyecto también establece un umbral para el reparto de lugares dentro de cada fuerza política. En las categorías de diputados provinciales y concejales, las listas internas deberán conseguir al menos el 7% de los votos obtenidos por su propia agrupación para integrar la nómina definitiva mediante el sistema D’Hondt.
En las elecciones generales, el piso para ingresar a la distribución proporcional de bancas subirá del 3% al 4% del padrón. Este punto recibió cuestionamientos de sectores que advirtieron sobre una posible reducción de la representación de las fuerzas minoritarias. El porcentaje no se aplicará a las categorías de gobernador, senador departamental e intendente, cargos en los que resultará electo el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos.
Tres boletas en las elecciones generales. La reforma mantiene el esquema actual de cinco boletas únicas durante las PASO, una por cada categoría electoral. El cambio llegará en las elecciones generales, cuando se utilizarán tres boletas: una provincial para gobernador, vicegobernador y diputados; otra departamental para senador; y una municipal para intendente y concejales.
En las boletas que agrupen más de una categoría se incorporará la opción de marcar “lista completa”. El elector también conservará la posibilidad de seleccionar candidatos de fuerzas diferentes para cada cargo. Los impulsores de la reforma sostienen que la modificación simplificará el acto electoral. Quienes plantearon reparos advirtieron, en cambio, que la agrupación de categorías podría favorecer el arrastre de las candidaturas ejecutivas sobre las legislativas.
Un candidato a gobernador podrá competir con tres vices
Uno de los puntos que mayor discusión generó habilita a un mismo precandidato a gobernador a presentarse en las PASO dentro de hasta tres fórmulas diferentes, cada una con un postulante distinto a vicegobernador. Las fórmulas competirán de manera independiente y los votos obtenidos por cada una no podrán acumularse. Tampoco se permitirá que una misma persona se presente como candidata a vice en más de una fórmula.
Desde el oficialismo y el socialismo defendieron la medida como una forma de permitir que los ciudadanos participen en la elección del vicegobernador. Sectores del justicialismo objetaron el mecanismo por considerar que altera el funcionamiento tradicional de las PASO y puede generar fórmulas cruzadas dentro de una misma fuerza.
Listas legislativas sin candidatos ejecutivos
El proyecto elimina la obligación de que todas las listas legislativas estén vinculadas con una candidatura para un cargo ejecutivo. De esta manera, una agrupación podrá presentar candidatos a diputados provinciales sin llevar postulante a gobernador. El mismo criterio se aplicará en las ciudades: será posible competir con una lista de concejales sin presentar candidato a intendente.
La modificación busca ampliar las alternativas electorales y permitir que partidos o espacios políticos concentrados en la actividad legislativa participen sin la necesidad de completar todas las categorías.
Ficha limpia y nuevas inhabilitaciones
El Código incorpora restricciones para las personas que aspiren a ocupar cargos electivos. Quedarán inhabilitados de manera permanente quienes tengan condenas por delitos contra el orden constitucional y democrático.
También se establecen impedimentos temporales para personas condenadas por delitos dolosos con pena de prisión efectiva o por delitos tributarios. La restricción comenzará a aplicarse cuando la condena sea confirmada por una instancia revisora, aunque todavía puedan tramitarse recursos extraordinarios. Las limitaciones también alcanzarán a quienes figuren en el registro de deudores alimentarios morosos o mantengan deudas exigibles con el Estado respaldadas por una sentencia firme. El control deberá ser realizado de oficio por la autoridad electoral.
Multas para quienes no concurran a votar
La iniciativa mantiene la obligatoriedad del sufragio y establece una multa equivalente a 0,5 JUS para las personas que no voten en las elecciones primarias o generales sin una causa justificada. La sanción no se aplicará cuando el elector acredite alguna de las situaciones de excepción contempladas por el Código. Para hacerlo tendrá un plazo de 60 días posteriores al comicio y deberá presentar la documentación correspondiente. Los jóvenes de 16 y 17 años conservarán el derecho a participar en las elecciones provinciales y locales, aunque no recibirán sanciones si deciden no votar.
Una nueva autoridad electoral
El Código crea un Juzgado Electoral Provincial especializado y permanente, que tendrá a su cargo la aplicación de la legislación electoral y el régimen de partidos políticos. Sus decisiones podrán ser revisadas por un tribunal integrado por tres magistrados.
La implementación será gradual. Las cláusulas transitorias fijan el inicio del nuevo diseño electoral para enero de 2028, mientras que el esquema definitivo, con un juzgado asignado a un magistrado del fuero Contencioso Administrativo, quedaría plenamente operativo desde 2029. Para las elecciones de 2027 continuará actuando la estructura vigente. El Ejecutivo provincial deberá realizar una campaña de difusión y educación destinada a explicar las nuevas reglas mediante medios de comunicación y herramientas digitales. Además, para confeccionar el padrón del próximo proceso electoral deberán contemplarse las exclusiones que el Tribunal Electoral provincial resolvió durante los últimos comicios.
Amplio respaldo y críticas por la representación de las minorías
El proyecto contó con los votos del frente oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe, el justicialismo, el bloque de Amalia Granata y Unite. El Frente Amplio por la Soberanía y el diputado Juan Domingo Argañaraz, de Inspirar, votaron en contra.
La socialista Lionella Cattalini sostuvo que el nuevo Código aporta claridad y transparencia, y defendió la posibilidad de que los electores intervengan en la selección del candidato a vicegobernador. Desde el justicialismo, Celia Arena acompañó la iniciativa en general, aunque cuestionó el artículo que habilita hasta tres fórmulas con un mismo postulante a gobernador. Consideró que ese mecanismo puede desvirtuar el sentido de las primarias.
Natalia Armas Belavi y Emiliano Peralta, de Vida y Familia, votaron favorablemente en general, pero rechazaron distintos artículos. Entre sus objeciones señalaron el incremento del piso al 4% para participar del reparto de bancas y la ratificación de la paridad de género.
El rechazo más contundente llegó desde el Frente Amplio por la Soberanía. Carlos Del Frade calificó la iniciativa como un retroceso democrático y advirtió que puede concentrar mayor poder político en el Ejecutivo provincial.
La radical Silvana Di Stefano cerró el debate en defensa del proyecto. Destacó la unificación de las normas, el voto joven, los debates obligatorios y la creación de contrapesos dentro de la autoridad electoral.
La reforma quedó ahora en manos del Senado. Si la Cámara alta la aprueba sin modificaciones, comenzará a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027.
