El gobernador Maximiliano Pullaro defendió este miércoles la política penitenciaria de su gestión y lanzó críticas contra sectores de la Justicia a los que responsabilizó por haber permitido que se organizaran delitos desde las cárceles. Durante un acto de ascensos en la ciudad de Santa Fe, cuestionó lo que llamó el “garantismo bobo” y la “justicia ingenua”, y aseguró que en la provincia, desde el 10 de diciembre de 2023, “manda la ley y el orden”.
La ceremonia se realizó en el Estadio Invencible y contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Allí se formalizaron los ascensos de 300 agentes del Servicio Penitenciario al grado inmediato superior, con vigencia desde enero de 2026, y los del personal de planta permanente del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), con efectos desde enero de 2025.
En su discurso, Pullaro vinculó la realización de los Juegos Suramericanos 2026 con la mejora de las condiciones de seguridad y reconoció a los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario. Según las cifras que expuso, a esta altura de 2023 se habían registrado 344 homicidios en la provincia, frente a los 128 del mismo período de este año. El mandatario sostuvo que hay que remontarse a 1996 para encontrar un parámetro similar.
El gobernador también afirmó que su administración lleva adelante “la inversión más grande de la historia en materia de infraestructura penitenciaria”. En ese marco, mencionó cinco nuevas cárceles con 3.700 celdas y sostuvo que la construcción alcanzará las 4.000 celdas adicionales durante los cuatro años de gestión. “Estamos convencidos que quien controla la cárcel, controla la calle”, expresó al justificar las obras y las medidas para impedir que las organizaciones criminales dirijan delitos desde los penales.
Las críticas más fuertes estuvieron dirigidas a funcionarios judiciales. Pullaro sostuvo que durante años hubo “una mirada del garantismo bobo, de la justicia ingenua, que creía que los delincuentes eran víctimas y no victimarios de la sociedad”. Según planteó, ese enfoque permitió que personas detenidas mantuvieran capacidad para ordenar homicidios, extorsiones y otros delitos desde sus lugares de encierro.
Para respaldar ese cuestionamiento, recordó las disputas judiciales que afrontó cuando era ministro de Seguridad por las restricciones al ingreso de alimentos a las cárceles. Mencionó los hábeas corpus que su gestión perdió y afirmó que algunos funcionarios judiciales no comprendían las dificultades del trabajo penitenciario ni las consecuencias de sus resoluciones.
Pullaro ratificó que continuará con esa orientación y afirmó que las personas que cometan delitos deberán cumplir las penas impuestas. Sin embargo, evitó presentar la situación de seguridad como un conflicto resuelto: “No hemos ganado ninguna batalla”, señaló, y advirtió que “las organizaciones criminales están contenidas, pero no están terminadas”. Por eso, convocó a sostener las políticas de control “con mucha determinación y vocación”.
En el cierre, el gobernador sostuvo que Santa Fe atraviesa “un proceso de construcción de seguridad pública” con respeto por las garantías constitucionales. “En Santa Fe, desde el 10 de diciembre del 2023, manda la ley y el orden”, concluyó.
