Entre los diputados nacionales por Santa Fe también se expresó este martes una mayoría a favor de la votación en general de la Ley Bases, impulsada por el presidente Javier Milei. Once legisladores acompañaron en general el proyecto, siete lo rechazaron y se registró un ausente.
Dieron luz verde a la nueva versión Romina Diez, Rocío Bonacci y Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, José Núñez y Verónica Razzini, del PRO, y Mario Barletta y Melina Giorgi, de la UCR.
En tanto, marcaron el botón rojo Germán Martínez, Diego Giuliano, Florencia Carignano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que integran el bloque Hacemos Coalición Federal. En tanto, Roberto Mirabella (UxP) estuvo ausente.
Después de casi 20 horas de debate, la norma cosechó 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. De esa forma, la norma de La Libertad Avanza pasó el primer escollo gracias al apoyo de los bloques PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Votaron en contra Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la CC.
La nueva versión de la Ley Bases incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central y la privatización de empresas públicas.
Además, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas. Extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las pymes, elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.
Uno de los aspectos más controversiales es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los 200 millones de dólares. Según la oposición, este régimen acentúa la primarización de la economía argentina y perjudica a la industria argentina, en especial a las pymes.
