El Senado provincial aprobó este jueves por unanimidad la ley de municipios, una de las normas clave derivadas del proceso de reforma constitucional en Santa Fe. El proyecto, que regula la organización institucional y las competencias de los gobiernos locales, ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se espera que obtenga sanción definitiva el próximo 9 de abril.
La iniciativa fue respaldada tanto por el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe como por el bloque del Partido Justicialista, en una sesión que comenzó con dos horas de demora debido a modificaciones de último momento en el texto. Finalmente, los senadores aprobaron la norma en general y en particular antes de dar paso a las exposiciones de los distintos bloques.
El presidente del bloque oficialista, Rodrigo Borla, destacó el aporte de la oposición durante la elaboración del proyecto. La versión final cuenta con 111 artículos y establece un marco institucional para los municipios, incorporando principios vinculados a derechos de tercera y cuarta generación, mecanismos de cooperación entre gobiernos locales y una estructura institucional compuesta por intendentes, órganos legislativos locales —concejos o comisiones municipales— y organismos de control.
La ley es una de las 27 normas complementarias que exige la nueva Constitución provincial y tiene un carácter prioritario, ya que debe sancionarse antes de septiembre para permitir la implementación plena de la autonomía municipal.
Desde la bancada peronista, el senador Rubén Pirola valoró la apertura del oficialismo y el rol del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, en la articulación entre la Casa Gris y la Legislatura. Al mismo tiempo, advirtió que el proceso legislativo continuará con debates complejos: “Ahora viene el desafío de una ley electoral y otra de coparticipación. No es tiempo de apresurarnos”, sostuvo.
Durante la sesión, el senador Esteban Motta remarcó que la nueva normativa también responde a un reclamo histórico de las comunas al extender los mandatos locales de dos a cuatro años, con el objetivo de evitar que las administraciones queden atrapadas en campañas permanentes.
Por su parte, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, subrayó la diversidad demográfica que deberá contemplar la ley. De las 365 localidades de la provincia, 340 tienen menos de 20 mil habitantes y apenas 25 superan ese umbral poblacional. En función de esa realidad, la norma fija una escala para los órganos legislativos locales que irá de tres a once integrantes, según la cantidad de habitantes.
En muchas localidades pequeñas la reforma implicará una reducción en la cantidad de representantes, mientras que Rosario y Santa Fe mantendrán el número actual de concejales. “Estamos dando respuesta a lo que nos reclama la sociedad, que es bajar los costos de la política”, afirmó Michlig, quien reconoció que la ley busca equilibrar realidades muy distintas dentro de un mismo marco institucional.
El viceintendente, fuera del proyecto
Uno de los puntos que finalmente quedó fuera del texto fue la incorporación de la figura del viceintendente para las ciudades más pobladas. El intendente rosarino Pablo Javkin había impulsado la inclusión de ese cargo como una herramienta de gobernabilidad que permitiera ordenar la conducción política del Concejo Municipal.
Sin embargo, el planteo no logró consenso dentro del oficialismo. El socialismo consideró que se trataba de un cargo innecesario y su posición terminó imponiéndose. Desde el entorno del intendente confían en que la discusión pueda retomarse en el futuro, cuando Rosario redacte su Carta Orgánica municipal, un proceso previsto después de 2027.
Cuidacoches: debate postergado
En paralelo, la Cámara alta debía tratar el proyecto para prohibir los cuidacoches en toda la provincia, impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas, pero el debate finalmente fue postergado.
Aunque la iniciativa figuraba con preferencia en el orden del día, los bloques acordaron aplazar su tratamiento para profundizar el análisis técnico del proyecto. La propuesta apunta a erradicar la actividad de los denominados “trapitos” y lavacoches informales que operan sin autorización.
Desde el oficialismo señalaron que, si bien existe coincidencia en la necesidad de abordar el problema, aún persisten dudas sobre si la regulación debe corresponder al ámbito provincial o municipal, especialmente en el marco de la futura autonomía que tendrán las ciudades para dictar sus propias Cartas Orgánicas.
Lo que viene: coparticipación y régimen electoral
Con la ley de municipios encaminada, la Legislatura deberá avanzar ahora en dos debates sensibles: el régimen electoral y una nueva ley de coparticipación, que definirá la distribución de recursos entre la provincia y los gobiernos locales.
En Diputados, el interbloque peronista ya presentó un proyecto alternativo de régimen municipal que pone el foco en incrementar los recursos destinados a municipios y comunas. El debate se anticipa complejo en un contexto de caída de la recaudación y aumento de las demandas sociales. El propio Michlig reconoció la dificultad del escenario: “Es una manta corta”, admitió, en referencia a la tensión entre las necesidades de financiamiento de la provincia y las de los gobiernos locales.
