La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el gobierno nacional restablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe.
El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Al respecto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aseguró que “esa falta de pago por el deficit de la Caja de Jubilaciones de empleados públicos de la Provincia, que es un pago a cuenta del déficit, significan para los primeros seis meses del año $ 70 mil millones. Esto es solo por montos de transferencias automáticas. Esta es una demanda a partir del DNU del gobierno nacional en la gestión de Javier Milei”.
Seguidamente, Bastia remarcó que “además de esta acción judicial, la provincia tiene otra que inició la gestión anterior y nosotros continuamos, la adecuamos, hicimos una nueva liquidación y esa demanda está en los $ 700 mil millones y comprende los cuatro años desde el 2020, 2021, 2022 y 2023, más los meses de la gestión del presidente Milei”.
Por otra parte, el ministro de Gobierno de Santa Fe detalló que “en la medida judicial presentamos un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se restablezcan de manera inmediata las transferencias de esos fondos” y remarcó que “esta es la posición de la provincia de Santa Fe que más allá de dialogar, de buscar consensos, siempre va a defender los intereses de los santafesinos”. Y sostuvo que “esos 70 mil millones de pesos fueron aportados por las cuentas provinciales, por el fisco provincial, para cumplir con las obligaciones con nuestros beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia de empleados públicos y funcionarios públicos”.
Por último, Bastia aseguró: “Tenemos muchísimas expectativas en el camino emprendido y seguiremos dialogando pero con firmeza. Esto pone a la provincia de Santa Fe como una de las jurisdicciones – o la primera – en ir por la inconstitucionalidad del decreto 280”.
Jubilaciones provinciales en riesgo
Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio, en base a este detalle:
-Enero: $8.711.439.249,00.
-Febrero: 8.711.439.249,00.
-Marzo: $11.079.208.437,00.
-Abril: $12.464.109.491,00.
-Mayo: $13.847.625.645,00.
-Junio: $15.070.370.989,00.
Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.
