Un escándalo político estalló este viernes en la provincia por una serie de procedimientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la sede rosarina como en la capital provincial, en busca de evidencia sobre espionaje ilegal presuntamente ordenado por el ex ministro Marcelo Sain a “dirigentes políticos, empresarios y periodistas”. La otra causa resonante es por irregularidades en la licitación por la compra de armamento.

Además de revuelo, la medida precipitó la renuncia de Germán Montenegro, secretario de Seguridad Pública de Santa Fe y considerado “viceministro”, y del resto de los funcionarios que respondían al ahora asesor de Aníbal Fernández en la cartera nacional.

Además de Montenegro, presentaron su renuncia Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones). También dejaron el cargo Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).

Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información. Los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza el ministro del área, Jorge Lagna.

“Quiero aclarar que no fueron allanamientos. Es una oficina pública. No se producen allanamientos en oficinas públicas. Lo que hicimos fue concurrir al ministro de Seguridad, tanto acá (Rosario) como en Santa Fe, a solicitar documental que era necesaria en el marco de dos investigaciones que estamos llevando adelante”, explicó el fiscal Ezequiel Hernández.

De las oficinas se retiró documentación, además de dispositivos de almacenamiento y seis teléfonos celulares pertenecientes a distintos funcionarios. Uno de ellos es el del secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, un hombre clave dentro de la cartera.

Las dos investigaciones apuntan a Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad santafesino y flamante colaborador de Aníbal Fernández. En el caso de presunto espionaje ilegal, se trabaja para establecer si desde el Ministerio se ordenaba recolectar información de dirigentes políticos, empresarios y funcionarios judiciales, entre otros.

De acuerdo a una denuncia presentada por Víctor Moloeznik, quien reemplazó a Sain mientras se tomó licencia en el Organismo de Investigaciones para sumarse al Gobierno de Omar Perotti, el ex ministro se valió de sus contactos dentro de ese organismo para solicitar la recolección de información reservada por fuera de investigaciones judiciales formales.

“Es un delito que está penado por la ley y que se refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales”, explicó el fiscal Hernández tras abandonar la oficina del Ministerio de Seguridad ubicada en Rosario.

Por lo pronto, lo que hay como evidencia es material físico (carpetas) y testimonios. Además, en el procedimiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas. Los celulares serán sometidos a pericias.

En el caso de presunto espionaje ilegal, se trabaja para establecer si desde el Ministerio se ordenaba recolectar información de dirigentes políticos, empresarios y funcionarios judiciales, entre otros.

El procedimiento se desarrolló con personal del Organismo de Investigaciones del MPA, a raíz de una investigación que llevan adelante los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

En la requisa realizada en Rosario, en la sede local de la Gobernación, se secuestraron seis celulares de los funcionarios involucrados en la denuncia. El fiscal Hernández indicó que esos celulares van a ser sometidos a pericias. Uno de ellos es el del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain, quien horas más tarde renunció al cargo. A al menos otros dos funcionarios se les quitó también sus aparatos.

El gobernador Omar Perotti convocó para la semana que viene a la oposición a debatir medidas para combatir la crisis de la seguridad pública. Seguramente querrá llegar al miércoles, día de ese encuentro, con el camino algo más despejado. Pero habrá que ver con qué clima llegan a esa reunión los políticos convocados, tanto oficialistas como opositores.

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Sain, designado asesor de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad de la Nación