El gobierno nacional presentó ante la Justicia federal un pedido de allanamientos a medios de comunicación y periodistas que difundieron los audios del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y en los que se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La solicitud recayó en el Juzgado Federal N.º 12, subrogado por Julián Ercolini, y fue formulada por Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad nacional.
En el escrito, el funcionario requirió “allanamientos y secuestro forense” en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, medio vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, además de los domicilios del propio Toviggino, de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico —dueño del portal Data Clave— y del empresario de medios Franco Bindi, a quien en Casa Rosada acusan de estar detrás de la difusión de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Ejecutivo, que ya había logrado una cautelar para frenar la circulación de conversaciones atribuidas a Karina Milei. Según el Gobierno, se trata de una “operación de inteligencia ilegal” con el objetivo de “desinformar y desestabilizar en plena campaña electoral, con presunta injerencia extranjera”. El escrito oficial sostiene que la maniobra incluyó la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada” de audios privados de Milei y otros funcionarios.
El pedido desató una fuerte polémica en el ámbito periodístico y político. Jorge Rial, uno de los apuntados, respondió que “parece que nuestro trabajo le molesta al Gobierno” y advirtió: “Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario”. En esa misma línea, organizaciones de prensa y dirigentes opositores alertaron que el operativo judicial podría constituir un avance sobre la libertad de expresión y, en los hechos, derivar en un mecanismo de censura contra medios críticos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a reforzar la acusación oficial y vinculó la filtración de audios con “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”, sugiriendo además que pudo haber participación venezolana. Para Bullrich, lo ocurrido constituye una “maniobra inédita” que busca condicionar al Ejecutivo y “mover la economía para desestabilizar al Gobierno”. La funcionaria reveló que en la Casa Rosada ya se adoptaron medidas estrictas, como la prohibición de ingresar con teléfonos celulares a reuniones de gabinete, para evitar nuevas filtraciones.
Mientras tanto, el fallo judicial que frenó la difusión de las grabaciones fue celebrado por el vocero presidencial Manuel Adorni como un reconocimiento de que se trató de una “violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”. Sin embargo, la oposición y referentes del periodismo ven en la ofensiva judicial un precedente riesgoso, que abre la puerta a futuras restricciones y que alimenta el debate sobre la delgada línea entre la protección de la intimidad y la censura a la prensa.
