La creación de un sistema de prevención y protección frente a la violencia de género obtuvo media sanción este jueves en el Senado de Santa Fe. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por unanimidad de los legisladores presentes y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados provincial.
La iniciativa propone organizar la intervención estatal según la gravedad de cada situación, fortalecer las obligaciones de las autoridades judiciales y establecer un marco para el uso de herramientas como las tobilleras duales. También contempla asistencia jurídica urgente, un registro digital unificado y recursos para cubrir necesidades inmediatas de las víctimas. La votación se realizó con el quorum justo y contó con el acompañamiento de los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola. El texto incorporó aportes de ese bloque durante las conversaciones con el oficialismo.
“Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas”, sostuvo el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Según explicó, el tratamiento incluyó una reunión con ministros, senadores y diputados, además de intercambios con representantes del PJ.
La aprobación del proyecto también dejó un fuerte reclamo interno por las ausencias en el recinto. Tras la votación, Michlig cuestionó que el debate debiera cerrarse de manera acelerada para evitar la pérdida del quórum y apuntó especialmente a la responsabilidad del oficialismo. “Somos catorce senadoras y senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, casi el 74% de los integrantes. No podemos terminar una sesión a las apuradas, contando cuántos somos para tener el cuórum”, sostuvo.
Michlig recordó que la Cámara sesiona dos veces al mes y reclamó a sus pares el mismo compromiso con la actividad legislativa que con el trabajo territorial. Entre los ausentes figuraron los oficialistas Julio “Paco” Garibaldi, Orfilio Marcón, Esteban Baumgartner y Germán Giacomino, y los justicialistas Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi. “Como nos esmeramos y recorremos para dar respuesta a quienes representamos, también tenemos que venir aquí”, expresó el senador por San Cristóbal.
Cuatro niveles de riesgo y monitoreo electrónico. Uno de los ejes del proyecto es la clasificación de las situaciones de violencia de género en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico. Esa evaluación permitirá determinar las medidas de protección y adecuarlas a la evolución de cada caso.
Para los niveles alto y crítico, la propuesta establece como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor. Las excepciones deberán contar con una justificación judicial. Además, prevé la intervención estatal ante alertas técnicamente validadas, sin exigir que la persona en riesgo confirme el pedido de asistencia.
En los casos de mayor gravedad también contempla el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego. Entre las herramientas que podrán disponer los jueces figuran restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y medidas para abordar el hostigamiento digital. El incumplimiento de las disposiciones podrá motivar una nueva evaluación del riesgo y otras decisiones judiciales. El texto incluye, de manera excepcional, un arresto conminatorio de carácter procesal y temporal.
Información compartida y asistencia urgente. La iniciativa contempla un registro digital unificado de denuncias y medidas de protección, destinado a facilitar el intercambio de información entre organismos y evitar respuestas fragmentadas, con resguardo de los datos personales. También establece la obligación de los agentes estatales de actuar de inmediato y priorizar la protección de la víctima. En el ámbito judicial, busca explicitar que las autoridades de todos los fueros deben dar una respuesta ágil y efectiva ante estas situaciones.
Para facilitar el acceso a la protección, propone un procedimiento simplificado y asistencia jurídica gratuita y urgente. A su vez, prohíbe recurrir a mediaciones o conciliaciones y prevé la creación de un equipo especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa para acompañar a las víctimas.
Otro de los puntos es un fondo de asistencia de emergencia para afrontar gastos como traslados, alojamiento temporal, cambios de cerraduras y medidas de seguridad en las viviendas. Se suman disposiciones específicas para niños y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia.
El debate en el recinto. Durante el tratamiento, el senador Esteban Motta sostuvo que la fragmentación institucional condicionó las respuestas frente a la violencia de género y planteó que la protección de las víctimas debe estar por encima de las diferencias ideológicas. También destacó que el proyecto obtuvo media sanción a una semana de su ingreso.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ciro Seisas, afirmó que una de cada cuatro llamadas al 911 está vinculada con situaciones de violencia de género. Además, señaló que el Departamento Rosario concentra 20 de los 37 femicidios mencionados durante su exposición y que en el último año se registraron más de 6700 consultas en el sistema de atención de denuncias en materia de inseguridad.
Pirola valoró la incorporación de herramientas tecnológicas y destacó que el oficialismo aceptó la propuesta justicialista de mantener las tareas de coordinación bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. La iniciativa había sido anunciada en septiembre por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. Con la aprobación del Senado, el debate continuará en Diputados, cuya sanción es necesaria para que el sistema se convierta en ley.
