José Luis Espert fue procesado sin prisión preventiva en la causa que investiga un presunto lavado de dinero por los 200.000 dólares que recibió en 2019 del empresario Federico “Fred” Machado. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso además un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país.
La resolución también alcanza al contador del ex diputado nacional libertario, Mariano Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario, y a la firma Varianza S.A. La investigación busca establecer el origen de los fondos, las circunstancias de su ingreso y las operaciones a las que fueron destinados.
La hipótesis de la acusación sostiene que la transferencia habría sido respaldada con un contrato de asesoramiento para justificar dinero de origen ilícito. Ese acuerdo habría involucrado a Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala identificada en la causa como propiedad de Machado. Los investigadores consideran que los fondos recibidos por Espert habrían sido utilizados, entre otras operaciones, para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El vínculo entre Machado y Espert también incluyó, según los antecedentes del expediente, otras formas de apoyo a su actividad política: el préstamo de un avión privado utilizado en más de 30 vuelos vinculados con su campaña presidencial de 2019, la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado. El empresario permanece detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, en el marco de un acuerdo para desestimar la acusación por narcotráfico.
En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó esta semana los planteos de la defensa contra distintas medidas de prueba impulsadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Los abogados habían cuestionado sus facultades para ordenar diligencias después de la declaración indagatoria, la recepción de testimonios sin notificación previa y los pedidos de información patrimonial sobre Espert, su pareja y otras personas.
La defensa también objetó la incorporación de informes de inteligencia reservados a los que aseguró no haber accedido y los peritajes sobre celulares y otros dispositivos secuestrados, al señalar que no pudo designar un perito de parte. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones concluyeron que las actuaciones se ajustaron a las normas vigentes y que no se advertían irregularidades que vulneraran derechos constitucionales.
El tribunal tampoco hizo lugar al pedido de apartamiento del fiscal Domínguez. Los representantes del exlegislador habían argumentado que el funcionario perdió objetividad y manifestó un interés ajeno a la investigación, pero la Cámara desestimó esa presentación.
Con esas decisiones, quedaron rechazados los cuestionamientos contra las medidas probatorias y la actuación del fiscal, mientras la causa continúa con Espert procesado y sujeto a restricciones patrimoniales y migratorias. El expediente sigue centrado en determinar si el contrato de asesoramiento se utilizó para dar apariencia legal a los fondos atribuidos a Machado y cuál fue su destino.
