La Justicia Federal avanza sobre el juez federal civil y comercial de Rosario, Gastón Alberto Salmain, quien enfrenta múltiples investigaciones por presunto abuso de autoridad, corrupción y acoso laboral. En una de las causas más sensibles, fiscales federales solicitaron su detención —que no podrá concretarse mientras mantenga sus fueros— por haber dictado en diciembre de 2023 una medida cautelar que permitió al empresario Fernando Whpei comprar 10 millones de dólares al valor oficial, en pleno cepo cambiario.
El requerimiento fue firmado por los fiscales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac). También pidieron la indagatoria del propio Whpei y del escribano santafesino Santiago Busaniche, señalado como intermediario en maniobras dentro del fuero federal.
Operación bajo sospecha. Según la investigación, Salmain habilitó la operación para un fondo fiduciario administrado por Whpei con el argumento de cancelar deudas con acreedores del exterior, pero los fiscales sostienen que esa justificación nunca fue demostrada. La Cámara Federal de Rosario terminó revocando la cautelar tras una presentación del Banco Central, que advirtió irregularidades en la medida.
Lo más llamativo, según los investigadores, es que la compra de divisas se concretó pocos días antes del cambio de gobierno y de la devaluación dispuesta por Javier Milei, lo que permitió que el empresario obtuviera una diferencia de hasta 2 millones de dólares al venderlas en el mercado paralelo. Los fiscales sospechan que Salmain habría recibido un porcentaje de esa ganancia, estimado en un 15%, como contraprestación por su intervención.
Allanamientos y causas paralelas
En simultáneo, y por una causa distinta, fue allanado el despacho del juez en los Tribunales Federales de Entre Ríos al 700. La medida fue ordenada por el juez Román Lanzón y ejecutada por Gendarmería Nacional, con la participación del fiscal general Arzubi Calvo y funcionarios de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los agentes secuestraron documentación, computadoras y el teléfono personal del magistrado, con el objetivo de determinar si utilizó su cargo para desviar una investigación penal.
La figura de Salmain también aparece vinculada al ex juez Marcelo Bailaque, quien renunció tras ser acusado de corrupción y tráfico de influencias. Ambos están mencionados en la misma trama judicial que involucra al empresario Whpei y al escribano Busaniche.
A los expedientes penales se suma una denuncia sindical por acoso laboral y persecución presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). El titular del gremio, Julio Piumato, acusó a Salmain de hostigar a trabajadoras del juzgado y de no cumplir con su residencia en Rosario, ya que “solo asiste tres días a la semana”. La denuncia tramita en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y se suma al sumario disciplinario abierto en el Consejo de la Magistratura, que podría definir su futuro en la Justicia.
