El bloque de convencionales constituyentes Más para Santa Fe, que integran representantes del Partido Justicialista oficialista, el Frente Renovador y Ciudad Futura, presentó su proyecto de reforma integral de la Constitución de la provincia. Se trata de una propuesta extensa, que contempla transformaciones profundas en la estructura del Estado, el sistema político, el régimen municipal y la ampliación de derechos.
Entre sus ejes principales se destacan el reconocimiento pleno de la autonomía municipal, la incorporación de la figura de “ficha limpia” para los candidatos, la paridad de género en la representación legislativa, mecanismos de participación ciudadana y una ampliación significativa del catálogo de derechos individuales y colectivos.
Autonomía y régimen municipal
El proyecto establece de manera expresa la autonomía institucional, política, administrativa, económica y de control para todos los municipios de Santa Fe. Propone que cada ciudad pueda dictar su carta orgánica mediante una convención constituyente electa por la ciudadanía, con paridad de género y representación proporcional.
Para aquellos municipios que no elaboren su carta, regirá una ley orgánica provincial que deberá respetar los demás órdenes autonómicos. Además, se garantiza un sistema de financiamiento mediante la coparticipación: un piso del 20% de los recursos provinciales para ciudades y del 10% para comunas, sumado a un fondo compensador y un órgano de control con representación equitativa.
Se habilita también la conformación de regiones metropolitanas, intermunicipales o interprovinciales, con estructuras y autoridades propias.
Reelección limitada y nueva estructura política
En cuanto al sistema político, el texto propone permitir una sola reelección consecutiva o alternada para todos los cargos electivos: gobernador, vicegobernadora, legisladores, intendentes y presidentes comunales. El primer mandato considerado será el posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, lo que habilitaría a actuales funcionarios a postularse hasta 2035, si así lo decidiera la ciudadanía.
Para la Cámara de Diputados se propone un sistema proporcional puro (método D’Hont sin mayoría automática) con distrito único y representación de todos los departamentos. En el Senado se mantiene la elección por distrito, por simple pluralidad. Las elecciones provinciales y municipales serían simultáneas.
Derechos ampliados y nuevas garantías
La propuesta incorpora derechos emergentes como el acceso a la ciudad, al ambiente sano, al agua potable, a la conectividad digital, a la identidad digital y a la protección de datos personales. Reconoce además a la naturaleza como sujeto de derechos y prohíbe que ecosistemas naturales sean utilizados como garantía financiera.
Se promueven políticas públicas de vivienda, acceso al suelo, fortalecimiento de barrios populares y se establecen garantías específicas para pueblos originarios, personas mayores, con discapacidad, mujeres, disidencias y trabajadores de la economía social. En materia educativa, se garantiza un presupuesto no inferior al del año anterior y se crea un Consejo Provincial de Educación con participación de todos los actores del sistema.
Participación ciudadana y control social
El proyecto incorpora una sección específica sobre Poder Ciudadano y Participación, con mecanismos de democracia semidirecta. Incluye la iniciativa popular legislativa, referéndum vinculante, consulta popular, audiencias públicas, auditorías ciudadanas y la revocatoria de mandatos. También se reconoce el derecho de la ciudadanía a conformar asambleas y participar en la gestión social de políticas públicas.
Poder Judicial y Ministerio Público
La iniciativa define al Ministerio Público de la Acusación y al de la Defensa como órganos autónomos dentro del Poder Judicial. Es el único de los proyectos presentados que adhiere a esta postura, coincidente con lo manifestado por los ministros de la Corte Suprema provincial ante la comisión de justicia de la Convención.
En ese sentido, también propone que el Consejo de la Magistratura forme parte del Poder Judicial y sea presidido por el titular de la Corte, con representación del Ejecutivo, el Legislativo, la magistratura, la abogacía, trabajadores judiciales, el ámbito académico y la ciudadanía. Esta última podrá elegir dos miembros por voto popular.
El Consejo seleccionará y removerá jueces, fiscales y defensores mediante concurso público y acuerdo legislativo. Además, el Fiscal General y el Defensor General serán designados por dos tercios de la Asamblea Legislativa, durarán seis años en sus funciones, podrán ser reelectos una vez y tendrán jerarquía equivalente a la de los ministros de la Corte.
Otros puntos destacados
El texto mantiene el reconocimiento al culto católico, pero establece que su relación con el Estado será de autonomía y cooperación, garantizando el libre ejercicio de todos los cultos.
Se prevé la creación de un Tribunal Electoral permanente y una Oficina Anticorrupción con titular propuesto por el bloque opositor más numeroso. También se incorporan cláusulas que impiden acceder a cargos públicos a quienes hayan participado en gobiernos de facto o tengan condenas por delitos de lesa humanidad.
Con este proyecto, el bloque Más para Santa Fe formaliza su mirada integral sobre el futuro marco constitucional de la provincia. La iniciativa se suma a otras ya presentadas y será objeto de debate en las comisiones de la Convención Reformadora.
