La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves un pedido de informes al Ministerio de Obras Públicas que, más allá de su carácter formal, dejó al descubierto la primera interna abierta dentro del oficialismo provincial desde la asunción de Unidos para Cambiar Santa Fe.
La iniciativa fue impulsada por el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, y acompañada por legisladores del mismo frente, con el objetivo de exigir precisiones sobre el convenio firmado entre Nación y Provincia para retomar y finalizar viviendas que habían quedado paralizadas tras el freno de los programas “Casa Propia – Construir Futuro” y “Reconstruir” en el nuevo escenario nacional.
El planteo apunta directamente al área que conduce el ministro Lisandro Enrico, a quien Michlig cuestionó en duros términos tanto por la falta de información oficial como por los criterios aplicados para priorizar la reactivación de obras habitacionales en el territorio provincial.
En el recinto, el legislador sostuvo que existe una preocupación creciente por la incertidumbre que atraviesan cientos de familias que esperan acceder a su vivienda. “Debemos ser muy respetuosos del sueño del techo propio de todas las familias”, afirmó, al tiempo que puso en duda la lógica de distribución de recursos. Según planteó, hay proyectos con mayor grado de avance que no fueron incluidos en los esquemas de finalización, mientras otros con menor desarrollo sí avanzan.
El caso que funciona como eje del reclamo es el de un plan de 54 viviendas en la ciudad de San Cristóbal, con un avance de obra cercano al 52%. Pese a ese nivel de ejecución, el proyecto no habría sido reactivado ni habría recibido asignación presupuestaria para su conclusión, lo que motivó el pedido de explicaciones sobre los criterios técnicos y políticos utilizados para definir prioridades.
Pero el debate rápidamente trascendió lo administrativo y se transformó en un conflicto político de alto voltaje dentro del propio oficialismo. Michlig acusó al ministro de modificar los criterios previamente establecidos —que priorizaban obras con mayor grado de avance— y de incurrir en decisiones discrecionales en la distribución de fondos y obras. En ese marco, el senador deslizó que algunas decisiones podrían haber favorecido a determinadas regiones por sobre otras, lo que calificó como “injusto” y carente de explicaciones consistentes.
La respuesta no tardó en llegar desde el propio bloque oficialista. La senadora Leticia Di Gregorio, quien ocupa la banca de Enrico en uso de licencia, salió en defensa del ministro y rechazó las acusaciones. Señaló que no existen criterios arbitrarios y sugirió que el planteo tenía un trasfondo político.
El cruce expuso con claridad una fisura dentro del radicalismo, columna vertebral de Unidos, y elevó la tensión en el Senado. Michlig advirtió que, si no obtiene respuestas, avanzará con medidas institucionales más fuertes, como la eventual citación del ministro a la Cámara alta, un hecho poco frecuente dentro de un mismo espacio de gobierno.
Además, el legislador sumó un cuestionamiento de carácter institucional al recordar que Enrico se encuentra en uso de licencia como senador mientras ejerce como ministro, una situación que en su momento generó polémica y que ahora vuelve a ser parte del conflicto político.
En términos formales, el pedido de informes aprobado exige un detalle exhaustivo sobre la situación de las viviendas en la provincia: cantidad de unidades paralizadas tras el DNU 70/23, distribución territorial, estado de avance de cada obra y resultados del convenio Nación–Provincia. También solicita conocer los criterios de priorización —como porcentaje de ejecución, densidad habitacional o ubicación geográfica— y datos específicos sobre el plan de San Cristóbal, incluyendo plazos, financiamiento y eventuales procesos licitatorios.
El episodio refleja dos dimensiones de un mismo problema. Por un lado, la incertidumbre en torno a la continuidad de políticas habitacionales tras la retirada del financiamiento nacional. Por otro, la puja política interna por la administración de recursos en un contexto de restricciones, donde la obra pública vuelve a convertirse en un factor central de disputa territorial.
