Frente a la revelación de que Roberto Peiti, imputado en una causa por juego clandestino, participó como inversor del proyecto Torre Shopping, el edificio que se levantó en bulevar Rondeau y Juan B. Justo, la oposición en el Concejo Municipal de Rosario pedirá la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Así lo expresó el concejal Martín Rosúa, quien sostuvo que propondrá junto a su bloque (UCR-Juntos por el Cambio) convocar a ambas entidades para investigar si hubo lavado de activos. Otros ediles también manifestaron preocupación por la presencia de Peiti en el emprendimiento, un proyecto que se encuentra en plena discusión en comisión para su habilitación en el Palacio Vasallo.
Aunque actualmente se encuentra en juicio contra la desarrolladora, Peiti figura entre quienes aportaron fondos para levantar la torre que se erige en la zona norte, cuya regularización se discute en el Concejo. Así figura en el mensaje oficial que ingresó recientemente a la comisión de Planeamiento.
“Debemos dejar en claro algo: el tema hay que resolverlo, porque no se puede perjudicar a las personas que invirtieron de buena fe, ni tampoco dejar un edificio abandonado. Ahora bien, dicho esto, creo que dados los actores que participaron inicialmente del proyecto, debemos comunicar a la Afip y a la UIF para que se expidan sobre el origen y licitud de los fondos”, explicó Rosúa al Diario La Capital.
Si bien la construcción del edificio arrancó en 2010, el proyecto viró hacia un emprendimiento hotelero, lo que motivó que parte de los inversores iniciaran juicios contra su alma mater, Tierra de Sueños SRL. En total hay una decena de litigios abiertos, entre ellos el que inició Peiti, imputado junto a su hermano Leonardo en una resonante causa por juego clandestino.
Luego de meses de negociaciones, el municipio rosarino envió al Concejo un mensaje que apunta a regularizar la situación del inmueble, denominado “solicitud de ampliación sin final de obra”. En ese texto se persigue el doble propósito de salvar las infracciones al Código Urbano, al tiempo que prevé las consecuencias de los litigios en trámite, a través de un fondo de garantía.
“A mí lo que me preocupa es la dinámica del tema, porque siento que esta situación termina configurando una estafa a los rosarinos”, planteó la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, quien cuestionó que la desarrolladora haya construido “una torre sobre otra torre, en clara transgresión a la normativa vigente”.
Fuentes: Diario La Capital y Concejo de Rosario.
