El Senado de la Nación asestó este jueves un duro revés al gobierno de Javier Milei al rechazar, con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. De esta forma, el Congreso reactivó la norma que estará vigente hasta diciembre de 2026 –con posibilidad de prórroga por un año más– y que contempla la actualización de aranceles, la reformulación de pensiones no contributivas y compensaciones económicas para personas con discapacidad.
- Se trata de un hecho histórico: hacía más de dos décadas que el Poder Legislativo no volteaba un veto presidencial. La última vez había sido en 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
La sesión estuvo marcada por la ausencia de defensas oficiales. Aunque estaba anotado en la lista de oradores, el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, se bajó a último momento y ningún senador de La Libertad Avanza argumentó en favor del veto. La única voz que se alzó en esa línea fue la de Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien insistió en que “no se necesita otra ley, sino gestión”. Aun así, pidió públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, una suba de aranceles para garantizar las prestaciones.
Los votos en contra del rechazo al veto fueron de los libertarios Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni, además de la cordobesa Álvarez Rivero. La libertaria Vilma Bedia estuvo ausente.
En contraste, los tres senadores santafesinos –Marcelo Lewandowski (Frente Nacional y Popular), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR–Juntos por el Cambio)– coincidieron en respaldar la norma.
El debate también estuvo atravesado por el escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, hermana del presidente, por presunto cobro de coimas.
El rechazo del veto obliga al Ejecutivo a promulgar la ley, pero en la Casa Rosada ya trabajan en alternativas para frenar su aplicación. Una de las estrategias que se baraja es la judicialización: llevar la norma a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar su constitucionalidad o su alcance presupuestario.
Otra opción es la reglamentación restrictiva: el Poder Ejecutivo podría darle curso formal a la ley pero limitar su implementación a través de decretos, condicionando los aumentos de aranceles o las partidas presupuestarias. No se descarta tampoco un plan de reasignación de fondos para morigerar el impacto fiscal que implica la nueva legislación.
El resultado legislativo llega, además, en un contexto político sensible: a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la oposición se anota un triunfo político de alto voltaje y Milei sufre uno de los reveses más significativos desde el inicio de su gestión.
DNU en la mira
La Cámara de Diputados dio además media sanción a un proyecto que modifica el sistema de control de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa plantea que ya no se necesiten mayorías agravadas de dos tercios para rechazarlos, sino que sea el oficialismo quien deba ratificarlos en un plazo de 90 días con mayoría absoluta en ambas cámaras. Además, los DNU deberán abordar un único tema específico y no podrán ser multipropósito.
El libertario jujeño Ezequiel Atauche defendió el esquema actual con fuertes críticas al kirchnerismo, al que acusó de buscar “romper” al oficialismo. Sin embargo, su postura no logró frenar el proyecto, que contó con amplio respaldo opositor. Solo un grupo de senadores radicales aliados a La Libertad Avanza, entre ellos Carolina Losada, se retiraron del recinto antes de la votación.
