El juez federal Carlos Vera Barros imputó al jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, Miguel Alberto Aguilar, acusado de avalar torturas con picana eléctrica durante un procedimiento ilegal realizado en agosto de 2024 en Rosario. Por pedido del Ministerio Público Fiscal, Aguilar quedó en prisión preventiva por 90 días y fue inhibido en sus bienes. Se lo investiga como coautor de delitos graves, entre ellos torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, robo agravado, incumplimiento de deberes, comercio de estupefacientes y asociación ilícita.
Junto a Aguilar, otros seis suboficiales de la PAT ya estaban imputados por haber robado drogas, armas y dinero durante ese mismo operativo, y ahora también enfrentan cargos por la aplicación de tormentos físicos.
La causa se centra en un allanamiento ilegal ocurrido el 13 de agosto en una vivienda de barrio Azcuénaga, donde la PAT secuestró armas, 15 ladrillos de cocaína, 50.500 dólares y 285.000 pesos. La Fiscalía sostiene que, antes de ese procedimiento, los efectivos detuvieron a dos personas a quienes interrogaron mediante golpes, amenazas y descargas eléctricas, con el objetivo de obtener datos sobre un presunto proveedor de drogas.
Durante la audiencia realizada el viernes pasado, la fiscal María Virginia Sosa calificó a Aguilar como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad” y aseguró que su intervención como “superior de servicio” fue clave para la concreción del operativo. Aunque su nombre no figura en el acta, la localización del móvil a su cargo lo ubica en el lugar.
Los fiscales presentaron evidencia testimonial, registros de geolocalización y peritajes extraídos de celulares, donde se describen con crudeza los métodos utilizados. En uno de los audios aportados, el suboficial Guillermo Toledo relata un caso en que “le rompimos la cabeza a pistolazos, lo meamos, lo ahorcamos… no sabés todo lo que le hicimos”. En otro mensaje, menciona a la picana como “sesión de masajes eléctricos”.
Una picana fue secuestrada durante un allanamiento a la vivienda de Balais, uno de los imputados, y para la Fiscalía eso refuerza la veracidad de los testimonios de las víctimas, quienes declararon haber sido golpeadas y sometidas a descargas mientras se les exigía información sobre el “pez gordo”.
En una audiencia previa, se amplió la imputación contra Balais, Schneider, Ferreira, Robledo, Toledo y Pérez, señalados como los responsables directos de las torturas. También se prorrogó su prisión preventiva por 180 días.
La Fiscalía advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación y subrayó que el grupo actuaba de manera organizada y sistemática. “No fue un exceso. Fue un modo de operar”, dijo la fiscal Sosa al exponer el contenido de chats donde los imputados compartían métodos y celebraban el uso de la violencia.
