El edificio de la Justicia Federal, ubicado en Oroño 940, fue allanado este jueves en el marco de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunta evasión impositiva, contrabando y extorsiones a empresarios. Entre las oficinas requisadas se encuentra el despacho del juez federal Marcelo Bailaque, quien había sido denunciado por presuntamente favorecer a jefes narcos, como el condenado a perpetua Esteban Lindor Alvarado. Durante el procedimiento también se inspeccionaron oficinas aduaneras y un estudio jurídico.
La Gendarmería Nacional llevó a cabo los allanamientos en el edificio de los tribunales federales, incluido el despacho del juez penal Bailaque, denunciado por la diputada santafesina Lionella Cattalini. En una causa por mal desempeño, el Consejo de la Magistratura lo señaló por compartir contador con empresas de Alvarado y por haber contratado al hijo de este profesional para trabajar en su tribunal.
Fuentes de la investigación apuntaron que en el juzgado federal se secuestraron documentación y los celulares del magistrado y su secretario. El operativo no solo apunta al magistrado, sino también a otros funcionarios de alto rango involucrados en posibles delitos tributarios.
Este caso se relaciona con la investigación al ex juez federal de Mendoza, Walter Bento, destituido el año pasado por el Consejo de la Magistratura tras ser acusado de mal desempeño y de recibir sobornos a cambio de favores judiciales, un proceso actualmente en juicio oral.
