Luciano Nocelli, el policía condenado a 25 años por doble homicidio durante un enfrentamiento armado en Rosario en 2019, recuperó este miércoles su libertad por decisión de la jueza Trinidad Chiabrera. La magistrada ordenó su excarcelación inmediata tras la anulación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
La resolución generó una fuerte reacción por parte de efectivos de la Policía de Santa Fe, quienes hicieron sonar las sirenas de sus patrulleros frente al Centro de Justicia Penal en señal de apoyo a su colega, cuyo caso había motivado manifestaciones de allegados y el reclamo del propio gobernador Maximiliano Pullaro.
Un giro en el caso tras cinco años de prisión
La decisión judicial ocurre en un contexto de intenso debate político y social. Días atrás, el gobernador había mencionado la posibilidad de un indulto para Nocelli, en sintonía con su postura de respaldar a las fuerzas policiales en actos de servicio. Sin embargo, la anulación de la condena por parte del máximo tribunal provincial dejó sin efecto la necesidad de esa medida.
La Corte, con el voto unánime de sus miembros (excepto Daniel Erbetta), consideró que el análisis de los hechos debía ser revisado por un nuevo tribunal, señalando que las circunstancias del enfrentamiento —que duró apenas 14 segundos— ameritaban una reevaluación.
El enfrentamiento de 2019 y las versiones enfrentadas
Nocelli fue condenado por el asesinato de Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco, quienes intentaron robar una cartera en la esquina de Buenos Aires y 27 de Febrero. Según la acusación del fiscal Adrián Spelta, el policía disparó a quemarropa cuando ambos ya estaban indefensos. La defensa, en cambio, sostuvo que actuó en legítima defensa durante un enfrentamiento armado en el que uno de los asaltantes hirió a un compañero de Nocelli.
Repercusiones políticas y sociales
El caso de Nocelli cobró notoriedad no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el respaldo recibido de parte del Ejecutivo provincial y sectores de la policía. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, celebró la decisión de la Corte y pidió garantizar el respeto por los derechos de los efectivos policiales. Mientras tanto, familiares de víctimas y sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el mensaje que este fallo puede enviar respecto al uso de la fuerza por parte de las autoridades.
El fallo de la Corte había dejado sin efecto el pronunciamiento de la Cámara por entender que no respetaba el derecho a la jurisdicción del acusado, al basarse en una valoración «arbitraria» de las pruebas, consistente en una «excesiva fragmentación del hecho juzgado», basada a su vez en una valoración «seccionada, parcial y aislada», que otorga «un respaldo solo aparente» a la condena.
En particular, se cuestionó el hecho de haber establecido la ilegalidad del accionar del policía durante «tres segundos» (el tiempo en el que estuvieron desarmadas las víctimas), dentro de una secuencia que duró en total catorce, seccionando los períodos temporales como si no se tratase de la misma secuencia. Y que, además, se tomó la decisión juzgando los hechos desde un punto de vista (el de la cámara de seguridad) que en términos espaciales es diferente al del acusado y, por lo tanto, de su percepción. Y que, finalmente, ese análisis se hizo «pausando» la secuencia, sin la presión del contexto y la vertiginosidad de los acontecimientos.
