Seis policías de la Brigada Motorizada, una médica policial y dos civiles, entre ellos una presunta vendedora de droga, fueron imputados este martes en una audiencia encabezada por los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci. El juez Hernán Postma resolvió un cuarto intermedio hasta el próximo martes, mientras se presentan más pruebas en el Centro de Justicia Penal.
Según la investigación, los policías utilizaron información proporcionada por Sandra Álvarez, una vendedora de drogas del barrio Parque Casas, para extorsionar a un hombre que vendía armas de fuego. Además, en otro episodio, armaron una causa contra un consumidor al que golpearon, le plantaron cocaína y lo mantuvieron detenido durante 17 días.
Los fiscales Karina Bartocci y Pablo Socca imputaron a Lucila Aylen Bellizzi (21 años), Dylan Ezequiel Pérez (23), Rodrigo Tomás Ramírez (23), Ricardo Font (27), Marcelo Borovachi (26) y Jesús Soria (31) por delitos como falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal e incumplimiento de deberes de funcionario público. El próximo martes se definirá si continúan detenidos.
Extorsión con la ley de microtráfico. Uno de los hechos investigados ocurrió en noviembre de 2024. Los policías interceptaron a dos hombres que llevaban armas de fuego, cargadores y municiones. Sin embargo, solo detuvieron a uno y dejaron en libertad al otro, Rubén “Rana” Gusmaroli, tras pactar el pago de 2 millones de pesos.
La relación con Sandra Álvarez fue clave en la maniobra: la mujer, que también terminó imputada, les proporcionó información sobre Gusmaroli. Con esos datos, el suboficial Dylan Pérez se hizo pasar por un comprador de armas y acordó un encuentro en la zona de Antequera y Fournier. Allí, los policías lo detuvieron brevemente y le exigieron más dinero a cambio de su libertad. Luego, intentaron seguir extorsionándolo con la amenaza de encarcelarlo si no les pagaba 20 millones de pesos.
Causas armadas y droga plantada. Otro de los episodios ocurrió el 27 de enero en Superí y Cavia, cerca de un punto de venta de drogas. Allí, los policías detuvieron a un consumidor, lo golpearon y, al no obtener información, le plantaron cocaína para incriminarlo.
Según la acusación, la suboficial Bellizzi sacó dos bolsas con droga de su chaleco y preguntó dónde ponerlas. Luego, registraron en el acta del procedimiento la supuesta posesión de estupefacientes y detuvieron a la víctima, quien pasó 17 días en prisión antes de ser liberado. En el mismo operativo, también fue arrestada una mujer bajo una falsa acusación de tenencia de drogas.
Irregularidades en la comisaría 10ª. El fiscal detalló que, para justificar las detenciones, los policías fabricaron pruebas y simularon una orden judicial falsa. Incluso la médica policial Mara Romano fue imputada por haber encubierto las agresiones sufridas por el detenido en su informe médico.
Los agentes enfrentan cargos por falsedad ideológica de instrumento público, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas, abuso de autoridad y falso testimonio agravado. Mientras tanto, la Justicia investiga si hubo más víctimas y si la estructura de corrupción dentro de la fuerza es aún más amplia.
