En el marco de la Ley de Microtráfico, el Gobierno de Santa Fe inhabilitó dos puntos de venta de drogas ubicados en Bello 3936 y Oria 4055, en la zona noroeste de Rosario. El operativo estuvo liderado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Giró y Franco Carbone. Ambos inmuebles estaban relacionados con actividades delictivas organizadas por el clan liderado por Hernán “Lichi” Romero, quien actualmente se encuentra detenido como jefe de una asociación ilícita.
El ministro Cococcioni señaló que estos inmuebles eran emblemáticos desde el punto de vista de la seguridad pública debido a los numerosos hechos de violencia asociados, como balaceras y heridos por armas de fuego. “Estos lugares no solo estaban vinculados a actividades delictivas, sino que también degradaban la convivencia en el barrio. Además, eran gestionados por personas que actuaban bajo las órdenes del líder de la banda desde la cárcel de Piñero”, explicó.
Durante el operativo, se sellaron las aberturas de los inmuebles para evitar que vuelvan a ser utilizados para actividades ilícitas. El ministro también anticipó que en los próximos días presentará una propuesta ante la Legislatura provincial para promover la ocupación positiva de estos lugares a través de actividades estatales o sociales. «Buscamos evitar que los delincuentes retomen el control de estos sitios, transformándolos en espacios que beneficien a la comunidad», sostuvo.
Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio que se desarrolla desde principios de 2024. Según detalló Cococcioni, hasta la fecha se han inhabilitado 36 puntos de venta de drogas en toda la provincia, de los cuales 27 se encuentran en Rosario. La Ley de Microtráfico, sancionada en 2023, permite la intervención directa de las autoridades provinciales en el desmantelamiento de búnkers de narcomenudeo, complementando la labor de la Justicia Federal que investiga los niveles superiores del narcotráfico.
Investigación impulsada por denuncias vecinales
El fiscal Diego Giró destacó que la investigación que llevó al cierre de estos búnkers comenzó gracias a denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre la venta constante de estupefacientes en estas direcciones. «Recibimos llamados que reportaban actividades sospechosas, lo que nos permitió coordinar con la Policía de Investigaciones (PDI) y comprobar la venta de drogas en forma continua», explicó.
En el caso del domicilio de Oria 4055, los delincuentes habían montado incluso una carpa en la vía pública para facilitar la venta callejera, mientras que el interior se utilizaba como espacio de acopio. Tras varios allanamientos realizados en agosto, se incautaron estupefacientes, se detuvo a los responsables y se procedió a bloquear las propiedades para inhabilitarlas de manera permanente.
Giró también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el MPA, las fuerzas de seguridad provinciales y la comunidad para lograr estos resultados. «La zona históricamente estuvo vinculada al clan Romero. Ahora, con varios de sus integrantes detenidos, buscamos desarticular las estructuras remanentes y devolver tranquilidad a los vecinos», aseguró.
Una herramienta clave contra el narcomenudeo
La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura santafesina a finales de 2023 y se implementa desde principios de 2024. Su principal objetivo es otorgar a la Justicia Provincial y al Ministerio Público de la Acusación la facultad de investigar delitos de narcomenudeo, competencia que anteriormente recaía exclusivamente en la Justicia Federal. La normativa permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta de estupefacientes y, cuando corresponda, la demolición de construcciones precarias utilizadas para esta actividad.
Además de desmantelar las estructuras físicas de la venta minorista de drogas, la ley busca contribuir al desarme de las redes de narcotráfico en la provincia. Estas medidas se complementan con investigaciones de mayor alcance que identifican los eslabones superiores de la cadena de suministro y comercialización. En conjunto, estas acciones apuntan a mejorar la seguridad en los barrios y reducir el impacto del narcotráfico en las comunidades locales.
