El Gobierno de la Provincia de Santa Fe llevó adelante este miércoles el derribo de dos búnkers de venta de drogas en Rosario, ubicados en Spiro 314 bis y Spiro 400 bis, como parte de los operativos previstos por la Ley de Microtráfico. Con esta intervención, ya suman 55 los puntos de venta inactivados en la ciudad y 89 en toda la provincia desde la puesta en marcha de la norma, a comienzos de la gestión de Maximiliano Pullaro.
Del operativo participaron funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes supervisaron la demolición de las estructuras utilizadas para la comercialización de estupefacientes.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, explicó que se trata de una propiedad dividida en dos direcciones, conectadas por un orificio entre las paredes, lo que permitía una vía de escape entre viviendas usurpadas. “Estos lugares serán derribados por disposición judicial en el marco de la Ley de Microtráfico. En pasillos como este ya tuvimos casos similares, donde las conexiones entre casas servían para evadir procedimientos policiales”, señaló.
El fiscal Diego Giro, a cargo de la investigación, indicó que los búnkers podrían estar vinculados a remanentes de la banda de Los Funes, aunque aclaró que aún no se formularon imputaciones a los niveles superiores. “Las denuncias comenzaron con llamados anónimos al 911 que alertaban sobre ventas de drogas en la zona. Primero se derribó un punto en la esquina, en enero de este año, y luego la investigación nos llevó a este pasillo donde funcionaban los dos puntos de venta”, detalló.
Durante los allanamientos, realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), se secuestró material estupefaciente, principalmente cocaína, y seis personas quedaron en prisión preventiva por su presunta participación en la actividad ilícita.
Sobre la decisión de demoler las construcciones, Giro explicó: “En ambos casos se procede al derribo porque no hay reclamos de propiedad ni derechos afectados; son terrenos fiscales y las viviendas se encuentran en condiciones muy precarias, sin habitabilidad alguna”.
La Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023 y promulgada al inicio del actual gobierno, faculta a la provincia a actuar sobre los puntos minoristas de venta de drogas y derribar inmuebles asociados a delitos vinculados al narcotráfico y la violencia.
Desde principios de 2024, estos procedimientos se realizan de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y municipios. El objetivo, según remarcan las autoridades, es debilitar la infraestructura del narcomenudeo y reforzar la seguridad en los barrios.
