El gobierno provincial, a través de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, quien liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo.
La denuncia se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.
La denuncia se presenta a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: “A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia”, precisa el escrito.
Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el 28 de agosto de 2024, cuando protagonizó un asalto a mano armada en una vivienda de la ciudad de Avellaneda, lo que dio origen a una causa penal en la que el fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva del imputado. La medida cautelar se mantuvo vigente hasta la realización de la audiencia preliminar el 6 de marzo de 2025, oportunidad en la que el juez penal Mauricio Daniel Martelossi, resolvió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía y conceder la libertad del imputado, imponiéndole ciertas condiciones que no fueron cumplidas.
Para la Provincia, esto pone de manifiesto la “ligereza e irresponsabilidad” con la que el magistrado actuó, omitiendo los antecedentes penales, y permitiendo la libertad de una persona ya condenada, con conductas delictivas reiteradas, y con problemas psicológicos o psiquiátricos reconocidos; y desestimando criterios procesales elementales del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Provincia, sobre hipótesis que permiten valorar el riesgo procesal.
Fundamentos. Por este motivo, la denuncia presentada sostiene que “el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto. En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no solo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia”.
Al respecto, el ministro Bastia señaló “la gran responsabilidad es del juez que ordenó la liberación de esta persona. Es inadmisible. El juez Mauricio Martelossi va a tener que dar cuenta de su deficiente accionar e irresponsable decisión”; y destacó el accionar policial, que “en muchas oportunidades aprehendieron a este delincuente, por distintos hechos”.
Por último, la presentación adjunta elementos probatorios, como el prontuario policial de Joaquín Camilo Carrizo, copia del fallo en autos “Carrizo, Joaquín Camilo s/ Resistencia a la Autoridad”, y acta de la audiencia preliminar del 6 de marzo de 2025.
