Un tribunal condenó este miércoles a 33 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Peco” Almada por organizar una banda criminal vinculada con Los Monos que buscó controlar la venta de drogas en barrio Ludueña y otros sectores del noroeste de Rosario. También fue responsabilizado por una balacera, amenazas contra fiscales, la apropiación violenta de un vehículo y la tenencia de un arma de fuego.
La sentencia fue dictada por los jueces Fernando Sosa, Agustín Valdés Tietjen y Mariano Aliau. Almada, de 34 años, se encontraba detenido desde agosto de 2022 y llegó al debate acusado de encabezar en la calle una estructura que protagonizó distintos hechos violentos en Ludueña, Empalme Graneros e Industrial.
Durante el juicio, la acusación estuvo a cargo de los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone. El fallo cerró en primera instancia un extenso proceso judicial que había tenido un comienzo frustrado en julio, cuando el debate original quedó anulado por el apartamiento de una de las integrantes del tribunal.
Una organización ligada a Los Monos. La investigación comenzó bajo la dirección del fiscal Pablo Socca, en medio de una escalada de violencia en el noroeste rosarino. Según la acusación, Almada se incorporó en 2021 a una alianza criminal articulada con presos de la cárcel de Piñero que respondían a Los Monos.
La estructura había sido ideada por Matías “Pino” César, referente narco de Tablada ligado a esa organización. El objetivo era avanzar sobre Ludueña y controlar el narcomenudeo en la zona, en disputa con la banda de Francisco Riquelme, otro preso vinculado con Esteban Alvarado.
Dentro de ese esquema, Almada cumplía el rol de organizador y comandaba las operaciones en la calle junto con Mauro Gerez, quien ya fue condenado a nueve años de prisión. Para la Fiscalía, Gerez funcionaba como “jefe de sicarios” y se encargaba de reclutar a los autores de los ataques, entre ellos menores de edad. Desde la cárcel también intervenían Andy Benítez y Julián Aguirre, dos delincuentes con conocimiento territorial de Ludueña que fueron designados como referentes de la organización. Ambos recibieron penas de 20 años de prisión.
La banda mantenía además vínculos con integrantes y ex integrantes de la Policía. Entre los condenados aparecen el padre de Almada, la agente Analía Francia y el ex policía José Protti. Otros dos efectivos del Comando Radioeléctrico fueron sentenciados por recibir coimas y permitir que Almada circulara pese a tener pedido de captura.
La disputa con la estructura de Riquelme alimentó una ola de balaceras y homicidios en el noroeste de la ciudad. Durante los primeros seis meses de 2022 se registraron 29 asesinatos en los barrios alcanzados por aquel enfrentamiento.
Los hechos incluidos en la condena
Además de encontrarlo responsable como organizador de una asociación ilícita, el tribunal condenó a Almada por apropiarse de un automóvil Fiat Uno Max gris y de 100 mil pesos pertenecientes a un vecino. El hecho ocurrió en mayo de 2022. Según la acusación, la víctima fue obligada mediante amenazas a firmar el formulario 08 para transferir el vehículo. El auto y su llave fueron encontrados posteriormente en la vivienda de la familia Almada, ubicada en French al 1300.
También fue responsabilizado por un ataque a tiros cometido el 1º de agosto de 2022 contra una casa de San Lorenzo y Felipe Moré. La Fiscalía sostuvo que Almada aportó el vehículo utilizado por el atacante, supervisó la balacera e indicó dónde debían ocultarse las armas.
Otro de los episodios incluidos en la sentencia fue la distribución de panfletos con amenazas contra integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Los mensajes fueron arrojados en distintos sectores de Rosario entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2022.
El tribunal también lo condenó por la tenencia de una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones hallados durante un allanamiento en su domicilio de French al 1300. En el lugar se secuestraron además una máquina para contar billetes y un cuaderno con anotaciones vinculadas con la venta de drogas.
Una absolución y otra causa pendiente. Almada fue absuelto por falta de pruebas en uno de los hechos más graves atribuidos durante el juicio: una serie de ataques contra un vecino que había denunciado ante la Policía el funcionamiento de un búnker en Solís al 300. La vivienda del denunciante fue baleada tres veces en diez días y, en uno de los ataques, el hombre sufrió heridas graves. El tribunal no consideró acreditada la responsabilidad de Almada en ese episodio.
La condena a 33 años tampoco cierra su situación judicial. El jefe narco todavía debe responder por el homicidio de Mauro Fleita, un joven asesinado en mayo de 2022 después de que integrantes de la banda lo confundieran con un miembro del grupo rival encabezado por Riquelme.
Un juicio atravesado por amenazas. El primer debate contra Almada comenzó el 20 de julio, pero fue anulado después de siete jornadas. La jueza Lorena Aronne se apartó cuando la defensa anticipó que pediría su recusación porque había homologado el procedimiento abreviado de uno de los 35 condenados en la causa por asociación ilícita. El nuevo juicio también estuvo marcado por hechos de violencia. Una mujer que debía declarar fue víctima de una balacera y de graves amenazas atribuidas a personas del entorno de Mauro Gerez, socio de Almada. Por esos ataques, seis personas fueron imputadas el mes pasado.
