Trece policías de Rosario y cuatro civiles serán imputados este martes por delitos de corrupción vinculados a un millonario fraude en la carga de combustible de patrulleros. La investigación, encabezada por el fiscal de Violencia Institucional Luis María Caterina, estima que el fraude generaba un perjuicio mensual de 45 millones de pesos al Estado provincial.
Los hechos comenzaron a inspeccionarse de cerca a mediados de 2024 a partir de una denuncia anónima enviada por correo postal al Ministerio Público de la Acusación. A partir de allí, se desplegó una investigación que derivó en 36 allanamientos simultáneos realizados el lunes 5 de mayo, tras los cuales fueron detenidas las personas que este martes se sentarán ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu.
De acuerdo al Ministerio Público de la Acusación, la maniobra consistía en simular cargas de combustible utilizando tarjetas Visa Flota oficiales. En lugar de registrar únicamente lo efectivamente cargado en los móviles, los responsables de las unidades operativas realizaban pagos por montos superiores —en algunos casos sin que los vehículos siquiera estuvieran presentes— para luego dividir el excedente con responsables de al menos una estación de servicio involucrada en el esquema.
Entre los uniformados implicados figuran altos mandos de distintas áreas de la Jefatura de la Unidad Regional II: desde jefes de Perros, Caballería y Secretaría Privada, hasta personal logístico y de brigadas especiales. También se encuentran entre los acusados inspectores, comisarios, subinspectores y empleados administrativos, a quienes se les imputarán delitos como fraude a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y lavado de activos.
Además, serán imputados cuatro civiles vinculados a la estación de servicios Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900 —actualmente clausurada—, a través de la firma Gas Auto Tiferno. Se trata de personas que habrían facilitado las operaciones irregulares a través de sus sistemas de facturación y cobro electrónico.
- El caso también tuvo consecuencias en la cúpula policial. Aunque no se encuentra entre los acusados, el ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, fue removido de su cargo en medio de la causa, y la regional fue intervenida por el Ministerio de Seguridad provincial.
La audiencia de imputación está prevista entre las 8 y las 13 en la sala 7 del Centro de Justicia Penal, aunque no se descarta que se extienda hasta el miércoles para permitir la exposición de las defensas. De hecho, el juzgado ya habilitó una segunda jornada para que los abogados presenten sus estrategias y eventualmente se debatan medidas cautelares.
Entre los policías que serán imputados se encuentran el subcomisario Fabián Darío F., jefe de Perros y Caballería; el comisario inspector Rodrigo Sebastián D., jefe de Secretaría Privada; el comisario supervisor Gerardo R., a cargo del Garaje y distribución de combustible; así como personal del Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada, Infantería y el Grupo Táctico Multipropósito.
Además, tres personas que habían sido detenidas durante los allanamientos —dos efectivos y una empleada de Talleres Mecánicos— fueron liberadas el fin de semana tras un análisis preliminar de las pruebas. La Fiscalía evaluará si son imputadas en libertad o si su situación queda desestimada.
El gobierno provincial considera este caso uno de los hechos de corrupción más graves detectados en la fuerza en los últimos años. No sólo por la magnitud del perjuicio económico estimado, sino por el nivel de responsabilidad de los involucrados y la red de complicidades que permitió que el mecanismo funcionara durante meses sin ser detectado.
