Una denuncia anónima derivó en una megacausa judicial que sacude a la cúpula policial de Rosario. El Ministerio de Seguridad de Santa Fe dispuso este lunes la intervención por tres meses de la Unidad Regional II —correspondiente al Departamento Rosario—, en el marco de una investigación por la presunta malversación de caudales públicos destinados a la carga de combustible de patrulleros. El operativo incluye el secuestro de pruebas en más de 30 allanamientos, la detención de 16 policías, la mayoría con cargos jerárquicos, y cuatro civiles. La suma desviada, según la fiscalía, asciende a 45 millones de pesos.
La medida fue anunciada en una conferencia de prensa en la sede de Gobernación, encabezada por el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; el fiscal regional, Matías Merlo, y el fiscal del caso, José Luis Caterina. Allí se confirmó la designación del director general Claudio Romano como interventor de la UR II, recientemente reincorporado tras su retiro, y el inicio de una auditoría interna con foco en el área de movilidad y los controles de carga de combustible.
“Estamos ante una malversación de mucha consideración”, afirmó Caterina, quien señaló que la investigación —iniciada hace diez meses por la Dirección de Asuntos Internos a partir de una denuncia anónima— reveló irregularidades en el uso de unos 45 millones de pesos sobre los 380 millones mensuales asignados al patrullaje. Además, indicó que hay una estación de servicio seriamente comprometida y detalló que varios de los policías detenidos ocupaban cargos jerárquicos dentro de la fuerza.
Si bien no se produjeron arrestos de los máximos responsables de la unidad —el ex jefe Daniel Acosta y su segundo, Mariano Govi—, ambos fueron desplazados de sus funciones. “Quedaron separados por efecto mismo de esta intervención”, explicó Cococcioni, quien también aclaró que los agentes involucrados fueron pasados a disponibilidad preventiva “sin prejuzgar”.
Los procedimientos se desplegaron este lunes en al menos 36 puntos de Rosario, Funes, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pérez, Pueblo Esther y Monte Flores de Álvarez, incluyendo comisarías, oficinas logísticas, domicilios particulares y una estación de servicio. La Agencia de Control Policial secuestró celulares, dispositivos electrónicos y documentación que serán peritados en los próximos días.
Las audiencias imputativas para los detenidos —16 policías y 4 civiles— se realizarán en el Centro de Justicia Penal de Rosario, con fecha a confirmar.
