Un suboficial de la Brigada Motorizada de Rosario fue condenado este jueves a tres años de prisión efectiva por haber recibido coimas y favorecer a una vendedora de droga del barrio Parque Casas, en una maniobra que también perjudicaba a grupos rivales de la zona.
La condena recayó sobre Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años, quien además recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de cuatro millones de pesos. La resolución fue homologada este jueves en el Centro de Justicia Penal por el juez Fernando Sosa, tras un acuerdo abreviado alcanzado entre los fiscales Pablo Socca y Karina Bartocci y la defensa del acusado.
Pérez admitió su responsabilidad en una serie de delitos que incluyeron falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada por su condición de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas y apremios ilegales.
Vínculos con una dealer de Parque Casas. De acuerdo con la investigación, el suboficial integraba un grupo de policías de la Brigada Motorizada junto a Jesús Soria, Lucila Bellizi y Rodrigo Ramírez, quienes mantenían contacto con Sandra Álvarez, una mujer vinculada a la venta de drogas en Parque Casas.
Según expuso el fiscal Socca, la relación entre los uniformados y la mujer comenzó después de un ataque a tiros ocurrido en julio de 2024 contra la vivienda de Álvarez, ubicada en Castagnino al 1200. Tras el atentado, la Justicia ordenó una custodia policial permanente en el lugar y esa tarea quedó a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada. En ese contexto, el suboficial Jesús Soria habría estrechado vínculos con la mujer y comenzó a mantener comunicaciones frecuentes con fines ilegales.
Para los investigadores, los policías utilizaban información aportada por Álvarez sobre personas vinculadas al delito para obtener beneficios económicos y actuar contra bandas rivales.
Una entrega armada y una coima millonaria. Uno de los episodios centrales de la causa ocurrió el 18 de noviembre de 2024, cuando Álvarez les informó a los policías que un hombre apodado “Rana” ofrecía dos pistolas con municiones. Según la acusación, Pérez se hizo pasar por comprador, tomó contacto con el sospechoso y organizó un encuentro en la zona de Fournier y Antequera.
Cuatro días después se concretó el operativo. Allí participaron Pérez, Soria, Ramírez y Bellizi, quienes interceptaron a “Rana” y a otro hombre. Sin embargo, la investigación determinó que los policías alteraron deliberadamente el procedimiento: se quedaron con las armas y cobraron dos millones de pesos a cambio de liberar a uno de los involucrados.
De acuerdo con la acusación fiscal, aunque correspondía detener a ambos sospechosos y secuestrar las dos pistolas, los agentes solo dejaron asentada oficialmente el acta de secuestro de una de las armas y formalizaron la aprehensión de una sola persona. Esa maniobra permitió concretar el cobro del soborno y, además, hizo desaparecer el rastro de la segunda pistola.
El mensaje que complicó a los policías. Durante la audiencia también se expusieron mensajes incorporados a la investigación que revelaron el vínculo entre los uniformados y la mujer investigada por venta de droga. “Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data”, le escribió el suboficial Jesús Soria a Sandra Álvarez tras el operativo.
En ese mismo intercambio agregó: “Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner”. Para la Fiscalía, esas conversaciones dejaron en evidencia el funcionamiento irregular del grupo policial y el intercambio de favores con personas vinculadas al narcotráfico en el norte rosarino.
