Un inmueble utilizado exclusivamente para la venta de drogas fue derribado en Lamadrid al 1600, en la zona sur de Rosario. Se trata del búnker número 84 inactivado en la ciudad desde la implementación de la Ley de Microtráfico y de la intervención 143 realizada en toda la provincia.
La demolición se concretó este miércoles mediante un operativo coordinado por el Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La construcción estaba ubicada cerca del Centro de Salud 20 de Junio, establecimientos educativos y viviendas del barrio.
El secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, explicó que la normativa busca desactivar puntos de comercialización de estupefacientes relacionados con episodios de violencia. Según afirmó, los indicadores oficiales muestran una disminución de esos hechos en los sectores donde se realizaron intervenciones. “En cada punto de venta intervenido hay una reducción de los niveles de violencia en el lugar”, sostuvo el funcionario.
La Ley de Microtráfico comenzó a aplicarse a principios de 2024 a partir de un trabajo conjunto entre la Provincia, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y municipios. La normativa permite investigar e inactivar puntos de venta de drogas y propiedades relacionadas con delitos violentos.
Denuncia de los vecinos y allanamiento. La investigación comenzó luego de una denuncia presentada por vecinos el viernes 28 de agosto. En la exposición advirtieron sobre una construcción clandestina próxima al centro de salud, donde se comercializaban estupefacientes y presuntamente participaban menores de edad.
Después de las tareas de constatación, la Fiscalía solicitó autorización judicial para allanar el lugar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró más de 250 dosis de cocaína preparadas para la venta y una suma superior a los 100.000 pesos.
En el inmueble fueron identificadas tres personas: un adulto y dos menores de edad. De acuerdo con el fiscal Franco Tassini, los involucrados ya aparecían mencionados en otras investigaciones y en causas vinculadas con hechos de violencia altamente lesiva. Los tres fueron imputados por comercialización de estupefacientes y quedaron privados de la libertad por disposición judicial.
Tassini aclaró que el lugar derribado no funcionaba como vivienda. “Era una instalación totalmente precaria que tenía como único objetivo el comercio de estupefacientes”, señaló. Con esta demolición, Rosario alcanzó los 84 puntos de venta de drogas inactivados desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico. En el conjunto de la provincia, la cifra ascendió a 143 intervenciones.
