El adolescente de 17 años señalado como el autor material del asesinato del playero Bruno Bussanich volvió a quedar involucrado en una causa penal luego de haber sido detenido durante un operativo policial realizado en la zona noroeste de Rosario.
Se trata de Darían Maximiliano G., quien fue imputado este lunes por el delito de “portación compartida de arma de fuego” tras un procedimiento llevado adelante durante la madrugada del domingo 17 de mayo en inmediaciones de Colastiné y Bloomberg.
De acuerdo a la información policial, el operativo se produjo cerca de las 5.30, cuando agentes que patrullaban el sector acudieron ante reportes de detonaciones de arma de fuego. En ese contexto, los efectivos identificaron a tres jóvenes en cercanías de Colastiné y las vías férreas.
Durante la requisa, los policías secuestraron a uno de ellos, identificado como Laureano Ángel R., de 20 años, una pistola Bersa calibre .380 que tenía colocado un cargador con ocho cartuchos, una bala en recámara y un cargador adicional con otras doce municiones. Junto a él también fueron aprehendidos Sergio Leonel F., de 17 años, y Darían Maximiliano G., también de 17.
Tras las detenciones, los agentes realizaron un rastrillaje en la zona con el objetivo de hallar vainas servidas o impactos balísticos relacionados con las detonaciones reportadas previamente, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo.
La situación generó fuerte repercusión debido a los antecedentes del adolescente detenido. Darían G. había sido identificado por la Justicia como el autor material del crimen de Bussanich, el playero asesinado en marzo de 2024 durante la serie de ataques contra trabajadores que conmocionó a Rosario.
Como al momento del asesinato tenía 15 años, Darían G. era inimputable según la legislación penal juvenil vigente. En ese contexto, quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. El joven estaba sospechado de ser el autor material del crimen de dos taxistas ocurridos antes del homicidio del playero.
La investigación por aquel crimen estuvo encabezada por los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, quienes sostuvieron que el asesinato fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que mantenía comunicaciones mediante videollamadas con personas que se encontraban en libertad y con el menor que ejecutó el ataque.
La causa avanzó a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada, cuyo aporte permitió reconstruir la logística del crimen e identificar tanto al adolescente que efectuó los disparos como a otros involucrados en la planificación del homicidio.
